REPORTAJE | Educación truncada | Un sistema educativo desarticulado
HumVenezuela, enero de 2022. – Infografías María Alejandra Domínguez | Fotografía Daniel Hernández
La planificación dejó de ser un instrumento medular en la educación venezolana. El caos se ha instalado en cada instancia del proceso educativo y los expertos coinciden en que ni el MPPE, ni las gobernaciones, ni las alcaldías están en condiciones de garantizar la educación.
El 98,43% del presupuesto público que maneja el Estado venezolano estaba asignado al Ejecutivo Nacional en 2022. Este dato da cuenta de la centralización con la que se administran las decisiones públicas y la nula capacidad del resto de los poderes para dar respuestas a la población, con autonomía y de acuerdo con los contextos locales, para que haya contrapesos internos que puedan hacer valer el cumplimiento de la constitución y las leyes, combatir la impunidad frente a los abusos de poder y garantizar los derechos humanos.
Adicionalmente, hace más de cinco años que el Estado no presenta los proyectos de presupuesto anual, ni tampoco se sabe en qué y cómo se gastan los recursos, porque tampoco son públicas las memorias y cuentas. Desde hace bastante tiempo, existen enormes distorsiones en el manejo de los recursos públicos. El presupuesto público ordinario anual representa apenas el 1% del gasto del Estado. El resto proviene de créditos adicionales que van sumándose durante el año, ejecutados por el Ejecutivo de manera discrecional, sin controles de otros poderes públicos.
De acuerdo con datos recogidos por Transparencia Venezuela (TV), en el presupuesto 2022 se asignaron a la educación recursos que equivalen al 15,33% del gasto total y 27,61% del gasto social, y aunque no puede saber cuál será el gasto final, dicha asignación está por debajo de 20%, recomendado por la Unesco. El déficit presupuestario en educación interviene en las enormes fallas del sistema educativo, pero es solo un síntoma de un proceso de desestructuración de la institucionalidad del sistema. Sin presupuesto el Estado tiene una enorme deuda con la canasta educativa, término que designa lo que se necesita (y debería ser gratuito) para garantizar el acceso a la educación, en términos de costos de inscripción y mensualidad, útiles escolares, uniforme, alimentación y transporte.
Es por eso que, tanto Anitza Freites (experta en demografía y coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida – ENCOVI) como la urbanista Olga Ramos (especialista en políticas públicas educativas e integrante de Asamblea de Educación), coinciden en hablar de exclusión y no de abandono escolar. Los estudiantes no regresan a las aulas por voluntad propia sino porque el sistema no garantiza condiciones de vida dignas a los niños, niñas y adolescentes (NNA). La escuela no es capaz de protegerlos y retenerlos. “Términos como el abandono o deserción atribuyen a la persona que deja los estudios, o a su familia, la responsabilidad de esa decisión —explica Anitza Freites. Esa responsabilidad no es solamente del hogar sino también de la sociedad, porque la política social debería también intervenir para que nadie se quede atrás, incorporar a esas familias en algún programa y que eso no sea una razón de exclusión”.
Por mandato constitucional y de acuerdo con los estándares internacionales de los derechos humanos, es al Estado a quien corresponde la responsabilidad de garantizar la cobertura y el acceso a la educación. El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) —dice Olga Ramos— “no está en condiciones de garantizar la educación. Estamos con una educación fallida en un Estado fallido. Las gobernaciones y las alcaldías no tienen presupuesto ni el MPPE tampoco. Las escuelas nacionales no tienen cómo garantizar el funcionamiento de las escuelas, incluyendo mantenimiento, contratación de docentes, de materiales, plan de alimentación escolar. Muchas instituciones regionales y municipales se han recentralizado —en lugar de descentralizarse— por falta de recursos. Son numerosas las alcaldías que no tienen dinero para manejar sus escuelas y el MPPE no tiene fondos para manejar alrededor de 20 mil escuelas. En 10 estados se realizó la transferencia de todo el personal educativo a la nómina del MPPE”. Estos déficits de recursos y la recentralización -comenta Ramos- producen amplias desigualdades territoriales y socioeconómicas, que repercuten en la calidad y en el acceso a la educación.
El informe 2019-2020 de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) señala que: “La exclusión escolar expresa características multifactoriales, pues hay una conjunción de razones para que el propio sistema educativo excluya al estudiante, entre ellos el deterioro del programa de alimentación escolar, la reducción del número de docentes y sus condiciones de vida, la disminución y desmantelamiento de la infraestructura escolar, y la pulverización del salario familiar. Por lo que la exclusión escolar es originaria de un Estado que no asume su responsabilidad de preservar el derecho a la educación gratuita y obligatoria. Esto es lo que ha producido el ensanchamiento de la brecha entre los que pueden acceder a la educación y los que no tienen los medios para ello”.
Sin información sobre la matrícula escolar
Por matrícula se entiende el número de inscritos en cada período de actividad escolar, pero en Venezuela las cifras anunciadas por el Estado no cuentan a los NNA que ya no asisten, por exclusión o abandono, y los que migraron junto con sus familias o solos fuera del país. Las cifras oficiales de matrícula tampoco dan cuenta de la irregularidad de la asistencia ni de los NNA que se retiran en algún momento del año, de forma temporal o que no vuelven a clases durante el resto del período. Anteriormente, las inasistencias podían acarrear la pérdida del año escolar, pero con las reformas que ha hecho el Estado a las normas, los NNA pueden proseguir aun cuando no tengan las competencias del grado – comenta Alexis Ramírez de Excubitus DHE.
La investigadora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Nacarid Rodríguez, recuerda que, desde 1999, la presentación de estadísticas de matrícula en el sistema escolar se ha ido perdiendo. Gradualmente “las memorias y cuentas del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) contenían menos información que las anteriores, desaparecieron algunos indicadores, otros conservaban el nombre, pero se calculaban de forma distinta. Se presentaban datos más generales, menos desagregados, desapareció la información por municipios, fueron apareciendo contradicciones entre diferentes secciones. Hasta ahora, lo más importante para el gobierno ha sido resaltar los datos de matrícula o inscripción, dejando ocultos los de asistencia real”.
Caída de la cobertura y calidad educativa
La cobertura, en cambio, refiere al alcance del sistema educativo y responde a la pregunta de si hay escuelas ubicadas a lo largo de todo el país con la cercanía, en número y con la cantidad de cupos suficientes para la población en edad escolar que reside en la zona. De acuerdo con los datos recolectados en la ENCOVI, Venezuela presenta una caída de cobertura educativa en todas las edades, pero sobre todo en la escuela básica, de 3 a 5 años de edad, informó Anitza Freites.
Explica Olga Ramos. “En Venezuela eso no pasa —dice, profesores y estudiantes a veces tienen que caminar una hora para llegar a la escuela, porque no hay transporte público. En Amazonas, si no hay gasolina ni peñero, tienen que remar. En Petare —un barrio popular ubicado al este de la capital— hay que bajar y subir cientos de escaleras para llegar a la escuela. Todo eso invita a que se interrumpa la relación entre el alumno y la escuela. Si un estudiante tiene que atravesar un largo trayecto para llegar a la escuela, el Estado debe garantizar el transporte escolar o el pasaje estudiantil. Debe existir un mecanismo que les ahorre el costo de transporte o el tiempo de camino, y en Venezuela no existe un sistema de transporte escolar o de subsidio al pasaje estudiantil”.
Además, aunque la escuela esté cerca, no se garantiza la calidad del proceso educativo. Detalla Ramos, “existe una zonificación de escuelas, pero no necesariamente están cerca de todos los poblados, y si están cerca puede que no haya un sistema de incentivos en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen. Puede que esté cerca pero no tenga maestros graduados, sino egresados de las misiones sociales, o no tengan recursos pedagógicos actualizados, o a lo mejor se pierden muchas clases por problemas con los servicios, o porque el docente no llegó. Aunque la zonificación es una norma, se ha flexibilizado por el desastre que hay en el sistema”.
El MPPE, según Ramos, no tiene capacidad para evaluar a los directivos, supervisores ni capacidad para mantener el proceso de ingreso y ascenso ni mantener una educación estandarizada ni unas pautas que permitan que las escuelas tengan una gestión educativa, administrativa y de contenido, unificada. En la edición 2021 de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE), que lleva a cabo la UCAB, 19,3% de los encuestados manifestó la necesidad de contar con una educación de calidad, por encima de la seguridad (14%), y de la superación de los problemas económicos (18,7%). El 33% se decantó por la necesidad de contar con fuentes de empleo. Quiere decir que en Venezuela la juventud tiene conciencia de la importancia de la educación como una forma de progreso.
El acentuado deterioro de la calidad educativa está asociado con el retiro de una gran cantidad de docentes. Se estima que más de 50% se ha retirado del sistema, por los insignificantes salarios, el adoctrinamiento impuesto en los contenidos educativos y las represalias a la que están sometidos si los cuestionan. El salario docente se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, lo cual ha producido una estampida hacia otros oficios para ganarse la vida, incluso si no son cónsonos con los niveles de formación. El informe de Funda Redes 2021 advierte que 55% de los docentes encuestados dijeron estar fuera del sistema. Además, 95% de los que están empleados en el MPPE no tienen un seguro de salud.
Estragos de la pandemia de COVID
Durante la pandemia, la desestructuración del sistema educativo se reflejó en clases a distancia sin programa, regularidad ni condiciones de conectividad para realizarlas. En Venezuela, más de 60% de la población no cuenta con Internet en sus hogares y, quienes cuentan con el servicio, enfrentan una muy baja capacidad de conexión. Aunque es alta la cobertura de telefonía móvil, son frecuentes los problemas de comunicación por la irregularidad de los servicios de electricidad. En estas circunstancias, el plan Cada familia una escuela que implementó el Ejecutivo durante la pandemia no logró cumplir ni siquiera con los estándares mínimos de un proceso planificado, adecuado y continuo de enseñanza. En parte, porque se trasladó a las familias la responsabilidad de asumir gran parte del proceso sin ningún apoyo durante el tiempo que duró la suspensión de clases. En la mayoría de los hogares los ingresos económicos se erosionaron, existe una pobreza multidimensional que afecta a más de 60% de la población y los servicios básicos, como agua, electricidad y gas, colapsaron.
En el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja, el hogar no es necesariamente el mejor ambiente para la educación. Las familias no tienen cómo asumir más cargas, no tienen la formación o los recursos pedagógicos para acompañar a los estudiantes. Ni siquiera contaban con los recursos tecnológicos en casa, como sugería el plan. En el estudio 2020 sobre percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en 10 de las principales ciudades del país, se identificó que 32,6% de los usuarios encuestados aseguró haber perdido el servicio de internet en el hogar y 44,4% de estas personas afirman haber presentado pérdida total de su conexión en los últimos 23 meses. Entre las ciudades que resaltan por la cantidad de usuarios que han perdido este servicio, se encuentran: Maracaibo (47,4%), Punto Fijo (44,0%) y San Cristóbal (36,7%). Por otro lado, las que se han visto menos afectadas fueron Barinas (16,5%), Porlamar (27,7%) y Barcelona (28,5%).
En un comunicado de abril de 2020, la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) expresó que este plan se hizo de manera improvisada. “Por el canal de televisión del Estado (VTV), se transmitía una serie de contenidos donde se observaba que no había preparación de las clases. Los representantes se han quejado porque no pueden ayudar suficientemente a sus hijos, dicen no entender lo que se transmite. Se insiste en lo conductual y no en la reflexión y comprensión de valores. Se le olvida al gobierno que no hay suficiente internet en los hogares, otros ni siquiera tienen la aplicación WhatsApp ni teléfonos inteligentes o computadoras, entre otros”. Tras un año de pandemia, en otro comunicado de abril de 2021 la UDSE también destacó que, en relación con la educación a distancia durante el confinamiento, “no se garantizó el derecho a la educación”. La pandemia puso al desnudo la situación de desestructuración en que se encuentra el sistema escolar. En consecuencia, Cada Familia una Escuela se encontró con más de 1 millón de NNA “que la pobreza sacó del sistema educativo” y que no sabemos si será posible recuperar.
Programas educativos sin contenido
Antes del desplome de la institucionalidad educativa, el sistema contaba con programas de estudio, “y se sabía qué debía aprender un alumno en primer grado, o en matemática en segundo año de bachillerato”, explica Ramos. Hoy se habla de pautas genéricas, que carecen de una descripción por objetivos y competencias. No obstante, “eso no significa que se flexibilizó el sistema, sino que se desestructuró. Perdió contenido. En el reglamento general de la Ley Orgánica de Educación se dice que se puede hacer modificaciones en el calendario o en los contenidos cuando hay situaciones extraordinarias, pero para eso es necesario promulgar una resolución. En el contexto de la Covid-19 no existió tal resolución”.
En términos de uso del tiempo, el sistema también está desestructurado. Ya no existe el calendario escolar donde se estipulan determinadas actividades y en determinados lapsos. Hasta 2019, más de 60% de los días de clases se había perdido, de los 200 reglamentarios de acuerdo con la ley venezolana, debido a suspensiones permanentes dictadas por el MPPE, sin motivos o una justificación razonable. Al comenzar el período escolar 2020-2021, que comenzó en octubre 2019 y antes del cierre temporal de las escuelas, ya se habían perdido 26 días.
El año escolar 2021-2022 debió comenzar el 16 de septiembre de 2021 y terminar el viernes 29 de julio de 2022. De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (RGLOE), el período inicia el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre y termina el último día hábil del mes de julio del año siguiente, “pero con el tardío e improvisado inicio de clases del periodo escolar 2021-2022 se perdió casi un mes de clases —explica Olga Ramos. Además, ya la modalidad a distancia había trastocado el ritmo en el que se cumplen los objetivos pedagógicos”. Pero, aun así, el MPPE no extenderá el calendario de actividades para compensar estas faltas, por lo que apenas tendrá 165 días de clases, o menos.
A eso se suman los cinco días que los planteles dejaron de funcionar por las elecciones de noviembre, entre el 15 y el 22 de este mes, según informó el MPPE. Y toda esta irreparable pérdida de clases es consecuencia de que el Ministerio no se adelantó a planificar el regreso a clases presenciales en el año escolar 2021 – 2022, aun cuando la norma dice que debe planificarse al cierre del año anterior. Aunque no estuviese decidido, había que adelantarse a este escenario, considerando además que en las clases a distancia con la pandemia, 47% de los estudiantes aprendió menos, profundizado las brechas entre los estudiantes en zonas rurales y las zonas urbanas, según consta en el Diagnóstico de educación básica en venezuela: reporte final de septiembre 2021: “Por lo tanto, es imperativo invertir en infraestructura, servicios básicos, programas de alimentación y salud escolar para prevenir la deserción de maestros y estudiantes e implementar programas que fomenten la fluidez lectora”.
Una empinada y larga cuesta
Ni siquiera se preparó la vuelta a clases con procedimientos claros para el propio sistema educativo. Como anécdota, el 24 de septiembre de 2021, la Presidencia de la República en cadena nacional anunció el regreso a las aulas, información que el MPPE reiteró el día 25. Pero, los directores de escuela enviaron a los docentes un mensaje de Whatsapp —que a su vez habían recibido de sus supervisores— en el que anunciaban que la siguiente semana había confinamiento y por tanto no habría clase. Eran los padres quienes informaban a los docentes —por Whatsapp también— que se flexibilizaría la educación.
Las instrucciones, órdenes y decisiones en Venezuela se comunican a través de las cadenas de radio y televisión, y las redes sociales y esto es una señal —y una consecuencia— de un cuerpo sin estructura. Como relata Ramos: “El MPPE da una instrucción normativa, o unas orientaciones, como lo llaman ellos, que pasan a las zonas educativas, éstas las comunican a los supervisores, todo a través de mensajes de Whatsapp y no a través de documentos. El ministerio produce una información que comienza a recorrer los canales de comunicación y se pierde en el camino. Tienes una desestructuración en materia de comunicación. Y no es solamente que los canales de información son informales, sino que la información es de mala calidad. Estos malos entendidos se evitarían si el ministerio hubiera establecido las pautas mediante una resolución, como lo ordena el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, pero no se tienen canales formales de comunicación, y a estos se suma que en el sistema público hay instituciones educativas nacionales, estadales, municipales y autónomas, e incluso regionales donde existen autoridades únicas. Esa autoridad única a veces tiene pautas que no son las mismas del ministerio, y ese pastel no tiene estructura ni lógica”.
Cómo recuperar el sistema educativo venezolano
En las consultas realizadas a varios actores de la sociedad civil y especialistas en el campo educativo, aparecieron las siguientes propuestas:
- El derecho a la educación debe ser el norte de políticas reales para recuperar con urgencia la institucionalidad del sistema educativo. Es necesario el rediseño de la educación en términos de un enfoque de estándares internacionales del derecho. Los planes de estudio deben ser debidamente discutidos y aprobados de acuerdo a lo que se quiere que sea el desarrollo del país. En particular, es preciso poner el foco en mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los docentes para garantizar la educación y la calidad de la enseñanza.
- Se requiere de un presupuesto público y gestionado de manera transparente para resolver las deficiencias en los programas de estudio, la formación y la cantidad de docentes, y para rehabilitar las escuelas que existen, a fin de garantizar una cobertura universal de todos los NNA de 0 a 17 años de edad, haciendo esfuerzos equitativos para que los estados y zonas con mayores problemas puedan tener acceso a una educación de calidad, en igualdad de condiciones.
- Es necesario poner en marcha un plan para rehabilitar la infraestructura física y los servicios básicos de las escuelas que ya existen y dotarlas con recursos pedagógicos novedosos, para saldar la brecha tecnológica y reconstruir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacer de las escuelas un modelo que despierte la necesidad de mejorar la calidad de vida y la esperanza de lograrlo.
- También es indispensable tener acceso a información pública en materia educativa, con un diagnóstico real de la matrícula, la falta de docentes y la situación de los planteles. Una tarea fundamental es renovar el censo de todos los NNA en edad de cursar la educación básica, para saber si se requieren abrir más escuelas cercanas a sus hogares y si es necesario implementar varias modalidades educativas para disminuir los niveles de rezago.