INFORME | Transparencia Venezuela | ENCUESTA DE PRESUPUESTO ABIERTO 2021, VENEZUELA CONTRA CORRIENTE
Transparencia Venezuela | 31 de mayo de 2022
Una vez más, Venezuela obtiene 0 puntos sobre 100 máximos en la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación ciudadana en el ciclo presupuestario nacional de 120 países.
Por tercera vez consecutiva, Venezuela obtiene 0 puntos sobre 100 máximos en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación ciudadana en el ciclo presupuestario nacional de 120 países. El estancamiento de Venezuela en la mínima calificación, que lo ubica en la posición 117 del ranking global y en la última del continente, condiciona el promedio de América Latina y el Caribe que evidenció mejoras en los resultados de República Dominicana, Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Jamaica, Bolivia y Trinidad y Tobago.
El resultado de Venezuela no sólo va contra corriente de los avances de la región, en otras partes del mundo también hubo progresos, de hecho desde la evaluación de 2008, el puntaje global promedio de transparencia ha aumentado más 20 puntos porcentuales, y la Encuesta 2021 identificó innovadoras experiencias que han permitido mayor participación e inclusión de los ciudadanos en las decisiones sobre cómo se recauda, se pide prestado y se gasta para garantizar el uso eficiente y equitativo de los recursos públicos. Sin embargo, la Encuesta también reveló que la vigilancia legislativa ha disminuido debido a la inestabilidad política, la pandemia y las extralimitaciones del Ejecutivo en algunos países.
En participación, Venezuela obtuvo 0 puntos sobre 100, lo que significa que la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de incidir en el proceso presupuestario, mientras que en supervisión del presupuesto la calificación del país fue de 13 puntos, indicando que existe una débil vigilancia de la Asamblea Nacional y de la Contraloría General de la República.
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 se completó en Venezuela cuando aún estaba vigente el Decreto de Emergencia Económica impuesto por el Poder Ejecutivo, el 13 de enero del año 2016, que anuló la facultad del parlamento de aprobar el presupuesto y ejercer control de la actividad financiera. El decreto fue interpretado extensivamente porque se impuso como política de Estado no publicar hasta ahora ninguno de los documentos presupuestarios previstos en las normas venezolanas (Informe Global con lineamientos presupuestarios, Proyecto de Presupuesto, Ley de Presupuesto, Informes Trimestrales de Ejecución, Informe de Fin de Año o Memoria y Cuenta), mucho menos considerar producir aquellos que recomiendan las buenas prácticas internacionales, y que no están tipificados internamente, tales como el Presupuesto Ciudadano, el Informe de Mitad de Año y el Informe de Auditoría del Presupuesto.
Transparencia y participación
La transparencia presupuestaria y la existencia de canales de participación inclusivos en el proceso aseguran que la asignación de los recursos se conduzca a las necesidades reales de la población, fortalece la confianza en el sector público y están asociados con déficits más bajos, costos menores de endeudamiento, instituciones democráticas más sólidas y mejores resultados de desarrollo.
Venezuela es un ejemplo de esta correlación en sentido contrario. El declive en la puntuación de la Encuesta de Presupuesto desde una disponibilidad mínima en la evaluación 2008 a ninguna disponibilidad en las tres últimas rondas, la imposibilidad de participación en el proceso y la débil vigilancia de los órganos de control ha coincidido con el entramado de desfalco al patrimonio público, sin precedentes, ocurrido en Venezuela que suma 316 casos entre 1999 y 2020; USD 67.883 millones perdidos sólo en 145 casos de acuerdo a https://corruptometro.org/; aumento de la pobreza y de la desigualdad que ha forzado la migración más grande del continente; deterioro de los servicios básicos; una deuda externa que casi triplica el valor de la producción nacional (PIB), el impago de compromisos de deuda desde 2017; la reversión de la institucionalidad democrática y la profundización de las actividades de economía negra desde propio sector público luego de las sanciones, que potencia los riesgos de mayores pérdidas patrimoniales y daño social.
Los desafíos de la gobernabilidad en Venezuela, y otros países con retrocesos en el desarrollo, hacen urgente la exigencia de presupuestos responsables e inclusivos. Una sociedad civil activa, medios de comunicación independientes, y legislaturas y auditores nacionales efectivos son fundamentales para reforzar la rendición de cuentas y garantizar que el dinero público atienda las demandas más sentidas de la población.
Cifras globales
En términos generales, la mayoría de los países mantuvieron prácticas de gasto responsable en sus procesos presupuestarios anuales, durante la pandemia. República Dominicana ingresó a los 10 países con mejor desempeño que están liderando el camino hacia el avance y la institucionalización de la transparencia, mientras que Corea del Sur está a la cabeza en prácticas inclusivas para la consulta pública en el proceso presupuestario. Benin, Nigeria y Gambia se encuentran entre los países que más han mejorado en esta ronda de la encuesta.
«Los sistemas de rendición de cuentas todavía son débiles en general, pero varios países están mostrando que donde hay voluntad política, es posible avanzar», dijo Anjali Garg, responsable de la Encuesta de Presupuesto Abierto. «Las prácticas de presupuesto abierto son una propuesta ganadora: generan confianza pública en que los gobiernos pueden cumplir y pueden conducir a costos de financiación más bajos en un momento en que la deuda global y la desigualdad están en su punto más alto. Esperamos que más países se sientan incentivados a abrir su proceso presupuestario a la consulta y al escrutinio públicos para garantizar que los recursos limitados lleguen a quienes más los necesitan».
De manera un tanto sorprendente, la pandemia no deshizo los logros obtenidos con tanto esfuerzo en las prácticas presupuestarias transparentes y responsables en todo el mundo. La mayoría de los países pudieron mantener y, en algunos casos, aprovechar ganancias anteriores en sus procesos presupuestarios anuales, gracias a una mayor digitalización de la información y la institucionalización de las prácticas de rendición de cuentas.
El puntaje promedio de transparencia ha aumentado más del 20 por ciento desde 2008. Europa del Este y Asia Central, Asia Oriental y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y África Subsahariana (después de una caída en la encuesta de 2017) han logrado avances significativos en materia de transparencia desde 2008.
Sin embargo, la encuesta reveló que la vigilancia legislativa ha disminuido debido a la inestabilidad política, la pandemia y las extralimitaciones del Ejecutivo. Algunos gobiernos han encontrado formas de socavar a las entidades fiscalizadoras superiores manteniéndose dentro de los límites de la ley. Menos de un tercio de los países brindan información suficientemente detallada para comprender cómo su presupuesto aborda la pobreza, y solo 14 por ciento presenta sus gastos por género. Solo 8 países en todo el mundo tienen canales formales para involucrar a las comunidades marginadas en los procesos presupuestarios.
«Necesitamos un enfoque integral para que todos puedan opinar sobre cómo y cuánto dinero público se recauda, se pide prestado y se gasta», dijo Vivek Ramkumar, director sénior de políticas del International Budget Partnership (IBP). «Los países con mentalidad reformista y los donantes deben invertir en sistemas de responsabilidad fiscal que empoderen a agencias gubernamentales clave, legisladores, auditores nacionales, grupos de la sociedad civil claves y al público en general, para garantizar que los fondos públicos se administren de manera efectiva y equitativa», subrayó.
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