FAO destacó a Venezuela como uno de los países cuya situación alimentaria podría agravarse ante la pandemia
(FAO, Roma, Italia, 1 de mayo de 2020) A principios de abril se emitió la edición 2020 del Informe Global sobre Crisis Alimentarias , que presenta una severa advertencia para el futuro. En 2019, antes de la pandemia de COVID-19 , 135 millones de personas experimentaron «crisis» y peores niveles de inseguridad alimentaria aguda. Otros 183 millones estaban al borde de la seguridad alimentaria «estresada»condiciones En otras palabras, a solo un choque de la severa inseguridad alimentaria aguda. Las restricciones relacionadas con COVID corren el riesgo de empujar a muchos más a la crisis. A medida que avanza la pandemia en contextos de crisis alimentaria, la disponibilidad de alimentos y el acceso a los alimentos podrían surgir como una grave preocupación, tanto en áreas rurales como urbanas. A medida que la situación evoluciona, existe una preocupación real por el creciente riesgo de hambruna en algunos países, y potencialmente incluso varias hambrunas ocurren simultáneamente. Antes del golpe de la pandemia COVID-19, a nivel mundial había 27 millones de personas en «emergencia» (Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria [IPC] / Cadre harmonisé [CH] Fase 4) niveles de inseguridad alimentaria aguda, potencialmente al borde de la hambruna. Los efectos directos e indirectos de la pandemia podrían tener efectos catastróficos en muchos de ellos. En abril de 2020, la Alerta Global de Seguridad Alimentaria de la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (FEWS NET) advirtió sobre el riesgo de que las poblaciones del noreste de Nigeria, Sudán del Sur y Yemen puedan enfrentar la hambruna como consecuencia de la pandemia. En Somalia, los últimos datos de la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición indican que se proyecta que alrededor de 3.5 millones de personas estarán en la Fase 3 del IPC y superiores hasta septiembre, un aumento de tres veces en comparación con principios de 2020.
Se necesitan con urgencia medidas anticipadas para salvaguardar los medios de vida y aumentar el acceso a los alimentos para evitar crisis alimentarias nuevas o que empeoren. La prevención de crisis alimentarias no puede esperar hasta que se resuelva la crisis de salud. Ya se están viendo impactos en el acceso a los alimentos, incluso en los países más ricos del mundo. Para quienes viven en contextos que ya experimentan crisis alimentarias como resultado del conflicto, el clima o la inestabilidad económica, no hay tiempo que perder. Hasta el 80 por ciento de las personas que viven en estos contextos dependen de alguna forma de producción agrícola para su sustento. Incluso en países, como Yemen, que dependen en gran medida de las importaciones, los alimentos producidos localmente desempeñan un papel importante en la satisfacción de las necesidades de las personas y especialmente para garantizar la diversidad de la dieta. Si bien los desafíos que enfrentan las poblaciones rurales vulnerables difieren significativamente según el contexto y la evolución de la pandemia, existen varios riesgos comunes, incluida la siembra afectada por el acceso reducido a los insumos debido al acceso limitado al mercado y los ingresos reducidos; cosecha interrumpida por falta de mano de obra estacional; transporte a mercados reducido debido a restricciones de movimiento; y los propios mercados limitados por bloqueos, responder a estos desafíos requiere una acción urgente. Las estaciones agrícolas críticas, los movimientos de ganado para pastos y agua, las actividades de cosecha no se pueden suspender a medida que abordamos el virus. Sin apoyo, muchas personas vulnerables se verán obligadas a depender de la asistencia humanitaria solo para sobrevivir, un sistema humanitario que ya se extendió hasta sus límites antes de COVID-19. La acción anticipada ahora para evitar crisis alimentarias deterioradas o emergentes no solo es más rentable que esperar para reconstruir los medios de vida y las comunidades más adelante, es más humano y respetuoso de la dignidad de los millones de personas que dependen de alguna forma de agricultura para su subsistencia. El Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19 se ha revisado significativamente hacia arriba para reflejar la necesidad cada vez más urgente de abordar los impactos no relacionados con la salud de COVID-19. De estas necesidades, el sector de la seguridad alimentaria representa el componente más grande, por un total de USD 1.6 mil millones. Como parte de esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) está buscando USD 350 millones para garantizar la prestación de asistencia crítica donde ya hay altos niveles de necesidad, al tiempo que satisface las nuevas necesidades que surgen de los efectos de COVID-19 .
La FAO se centrará en cuatro actividades principales, realizadas a nivel mundial, regional y nacional:
- Un servicio de datos global para apoyar la recopilación y análisis de datos e informar la programación basada en evidencia, contribuyendo a la iniciativa Mano a mano de la FAO y la plataforma de datos asociada1. La instalación de datos se está implementando en estrecha colaboración con socios clave como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Clúster mundial de seguridad alimentaria y la asociación de la Red mundial contra las crisis alimentarias.
- Estabilizar los ingresos y el acceso a los alimentos, así como preservar la asistencia continua para la subsistencia y la producción de alimentos para las poblaciones con mayor inseguridad alimentaria.
- Asegurar la continuidad de la cadena de suministro de alimentos críticos para las poblaciones más vulnerables.
- Garantizar que las personas a lo largo de la cadena de suministro de alimentos no corran el riesgo de transmisión de COVID-19 a través de la sensibilización, la mensajería social y la movilización de la comunidad, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades nacionales.
Venezuela
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el COVID-19 causará la peor crisis económica y social en la región en décadas, con una caída del PIB de -5.3%, con graves efectos en el empleo, la lucha contra la pobreza y reducción de la desigualdad. Un fuerte aumento del desempleo se espera con grandes efectos negativos sobre la pobreza y la desigualdad. El índice de pobreza podría incrementarse en hasta 4.45 puntos porcentuales durante 2020, yendo de 30.3 a 34.7 %, lo que se traduce en 2.936 millones de personas.
La crisis alimentaria de Venezuela se encuentra señalada en el informe como una de las más graves de América Latina, junto a América Central y Haití, junto a la situación alimentaria de las personas migrantes venezolanas en Ecuador y Colombia.
Se advierte que las restricciones sobre los desplazamientos, combinado con interrupciones de la cadena de suministro, podría limitar el acceso de los agricultores a la entradas así como la disponibilidad de la fuerza de trabajo para la preparación de la tierra y siembras. Además, la disminución del poder adquisitivo (incluyendo la depreciación de varias de las monedas nacionales), la pérdida de fuentes de ingreso, y aumento en los precios de los alimentos se espera que afecten negativamente el acceso a alimentos en la mayoría de los hogares. Lo países importadores de alimentos (países caribeños, México, Ecuador, Venezuela) se encuentran particularmente vulnerables debido a la actual devaluación y restricciones de mercado.
De igual forma, el informe señala que muchos países han sido afectados por problemas de disponibilidad de alimentos focalizados en mercados formales e informales. En varios países, como Bolivia, Hondura, El Salvador, Haití y Venezuela, el precio de los alimentos ha aumentado significativamente, también debido a la actual devalución. Debido a las cuarentenas en Colombia, muchos migrantes venezolanos están regresando a sus hogares ya que no son beneficiarios de ayuda financiera y han perdido sus fuentes de ingreso.
Traducción no oficial