Espacio Público | Julio: 26 nuevas violaciones a la libertad de expresión
Espacio Público | Venezuela | 6 de agosto de 2021
El registro de casos en el mes de julio de 2021 evidencia que las violaciones a la libertad de expresión forman parte de la cotidianidad que enfrenta el venezolano. Actualmente, el ejercicio del derecho a la libre expresión es vulnerado por el Estado de forma recurrente y forma parte de una política en la que confluyen cuerpos de seguridad, instituciones gubernamentales y hasta atacantes informáticos.
Esta política restrictiva utiliza distintas herramientas para intimidar, censurar y hostigar a medios de comunicación, periodistas y ciudadanos con el fin de imponer una hegemonía comunicacional.
En el séptimo mes del año se registraron 14 casos, que se traducen en 26 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela; en su mayoría para silenciar la denuncia, impedir la cobertura de noticias y cierre de medios de comunicación. De los 22 afectados(as), el 40% son medios de comunicación.
Cobertura amenazada
Una funcionaria de PoliYaracuy exigió al reportero de Qué Pasa en Venezuela, Ricardo Tarazona, que borrara el material que había grabado de la manifestación que se estaba realizando con motivo del Día de la Independencia, el lunes 5 en el estado Yaracuy.
«Estaba recogiendo los testimonios cuando se me acercó una funcionaria pidiéndome que eliminara la grabación. Me explicó que eso no estaba permitido, sin embargo me negué a dejar de grabar y lo seguí haciendo. No pasó a mayores» declaró Tarazona en entrevista a Espacio Público1.
En Caracas, un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de apellido Malaguera Hernández, detuvo al periodista del medio digital Todos Ahora VE, Joan Camargo, mientras cubría los enfrentamientos ocurridos el viernes 9.
Tras su detención y luego de que revisaran su documentación, le exigieron que se trasladara a un comando de la GNB para la entrega de todo su equipo.
Internet reducido
Las constantes fallas en la electricidad afectan la conectividad de los venezolanos y esto, por supuesto, trae como consecuencia la restricción del derecho a buscar, recibir y difundir información. El miércoles 21 un bajón eléctrico dejó sin conexión a los estados Miranda, Aragua, Lara, Carabobo, Táchira, Yaracuy, Portuguesa, Mérida, Zulia, Anzoátegui y algunos sectores del Distrito Capital.
Durante el mes las fallas de Internet también fueron recurrentes. El miércoles 14, la estatal Cantv reportó fallas por un corte de fibra óptica en Punto Fijo, estado Falcón, y por ello la conexión a la red estuvo «parcialmente» afectada en varias regiones.
Dos días después, el viernes 16, los proveedores privados Movistar y NetUno también presentaron problemas en la conectividad que afectó a los ciudadanos en la comunicación y en la búsqueda de información.
En otro hecho, la página web del Diario La Verdad presentó una falla que la dejó fuera de línea el viernes 16. En un comunicado, el medio informó que desconocían los motivos de la incidencia y que continuarían informando a través de sus redes sociales.
Continúa la persecución
Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima asamblea nacional constituyente, acusó el martes 6 al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona; y a dos de sus activistas Rafael Tarazona y Omar García, de emitir señalamientos públicos «sin fundamento» sobre los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Saab aseguró que estas «acusaciones públicas sin ningún fundamento» constituyen «acciones de incitación al odio contra las máximas autoridades del país y pretenden crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional», declarando además que «este tipo de actividades las venían haciendo bajo la fachada de una organización no gubernamental».
Los tres activistas fueron imputados por la presunta comisión de delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo.
En otro hecho, el Tribunal de Control N°3 dictó privativa de libertad a la enfermera Ada Macuare tras ser acusada de instigación al odio y terrorismo por exigir el lunes 26 mejoras salariales y vacunas para todas las personas en el ambulatorio Alí Romero Briceño de Barcelona.
La audiencia de presentación se realizó cinco días después de su detención, ocurrida el miércoles 21 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el centro asistencial donde labora Macuare.
El juzgado dictó como centro de reclusión la sede de la Policía Municipal de Urbaneja. Posteriormente, sus abogados solicitarían una revisión de la medida para lograr que la Licenciada Macuare quede en libertad antes de los 45 días establecidos.
Su abogada defensora, Ana Suniaga, denunció irregularidades en el proceso: «los familiares en 6 días nunca la pudieron ver, no le permitieron llamar a nadie, a los abogados no nos permitieron verla ni hablar con ella. Los funcionarios llegaron al centro de salud haciéndose pasar por pacientes, los examinaron y cuando fueron a darles el récipe se escurrieron y la fueron a buscar a su oficina y la sacaron esposada», expresó Suniaga a Espacio Público2.
Referencias