El Centro Global para el R2P clasifica a Venezuela como un país con una crisis donde ocurren crímenes de lesa humanidad | vía: Examen ONU
Examen ONU | Nueva York | 19 de enero de 2021
El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (R2P), publicó su nuevo informe bimensual «Monitor del R2P», el cual tiene por objetivo alertar sobre posibles crisis que podrían escalar a la realización de crímenes atroces de forma sistemática y generalizada.
El Monitor R2P establece 3 categorías para analizar y señalar posible líneas de acción para frenar la agudización de las crisis estudiadas o poner fin a la violación masiva de derechos humanos. Son 3 las categorías: Crisis Actual, ocurren crímenes de lesa humanidad que necesitan de una acción urgente; Riesgo eminente, la situación está llegando a un punto crítico y el riesgo de que ocurran atrocidades de manera masiva es muy alto en un futuro cercano si no se toman medidas para prevenirlo; Preocupación seria, existe un riesgo significativo de que ocurran y de recurrencias de crímenes atroces.
En esta edición (N°55) el Centro Global para el R2P clasifica a Venezuela como una país con una crisis actual, junto a: Afganistán, Camerún, Sahel Central, China, República Democrática del Congo, Siria Venezuela y Yemen.
Análisis
Los hallazgos de las FFM sugieren que la impunidad generalizada envalentonó a los agentes estatales para que siguieran perpetrando actos extrajudiciales asesinatos, torturas y otros delitos. El gobierno de Maduro se niega a cooperar plenamente con la FFM y otros organismos internacionales mecanismos de derechos humanos.
La crisis política en Venezuela se intensificó durante enero 2019 cuando el presidente Maduro juró un segundo mandato en medio de denuncias de fraude electoral. Mas de 50 países reconocieron al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente «interino». A pesar del aislamiento, internacional el gobierno de Maduro mantiene el control de instituciones estatales y fuerzas de seguridad. El estancamiento político entre el gobierno y los partidos de oposición divididos se intensificó después de las elecciones del 6 de diciembre, cuando el presidente Maduro y partidos aliados recuperaron el control de la Nacional Asamblea en elecciones que fueron criticadas internacionalmente por careciendo de las condiciones mínimas para un voto libre y justo.
El gobierno no cumple con su responsabilidad de proteger todos los venezolanos independientemente de su afiliación política.
Respuesta internacional
Desde noviembre de 2017 la Unión Europea (UE) ha impuesto activos congela a 36 altos funcionarios del gobierno. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto amplias sanciones al presidente Maduro, su familia y altos miembros de su gobierno, así como sanciones que han exacerbado la crisis humanitaria.
El 26 de septiembre de 2018 Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron que el Fiscal General de la CPI abre una investigación formal sobre posibles crímenes contra humanidad en Venezuela.
El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución el establecimiento de la FFM, que actualmente tiene el mandato de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arbitrarias detenciones y torturas y malos tratos, incluidos los sexuales y la violencia de género. Se renovó el mandato de la FFM durante dos años el 6 de octubre de 2020.
Acciones necesarias
El gobierno debe poner fin a la persecución sistemática de sus oponentes, disolver las Fuerzas de Acción Especial y garantizar investigaciones imparciales de todas las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos. El gobierno debe otorgar acceso sin restricciones a la FFM al país y cooperar plenamente con todos los mecanismos de la ONU.
El gobierno y la oposición deben comprometerse a renovar diálogo, centrándose en la prestación urgente de asistencia humanitaria a poblaciones necesitadas. Cualquier negociación debe incluir la representación de la sociedad civil venezolana.
Los Estados deben seguir imponiendo sanciones selectivas a personas funcionarios gubernamentales de alto rango responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos, pero deben levantar las medidas que limitan el acceso de la población a bienes y servicios básicos. En la ausencia de mecanismos nacionales de rendición de cuentas, los estados también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales, incluso bajo jurisdicción, contra los responsables de ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros crímenes de lesa humanidad.
Traducción no oficial.
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