CIDH exhorta a los gobiernos a proteger los derechos de las personas migrantes
(Washington D.C, 29/03/2020) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) en el marco de su recientemente instalada, Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI – COVID19), reconocen la complejidad que enfrentan los Estados y las sociedades en todo el mundo debido a las medidas excepcionales que buscan responder a la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 que avanza en forma exponencial y que, al 26 de marzo, ya se había cobrado al menos 21.031 vidas a nivel global y 1.330 en el hemisferio occidental.
Esto supone desafíos extraordinarios desde el punto de vista de los sistemas sanitarios, la vida cotidiana de las personas e incluso para la vigencia de los derechos humanos. En ese contexto, la CIDH y su REDESCA advierten con grave preocupación los efectos de la pandemia ante la situación de extrema vulnerabilidad de las personas venezolanas debido a la profunda y prolongada crisis humanitaria que atraviesa ese país.
La pandemia del COVID-19 demanda una actitud responsable y solidaria por parte de todos los Estados, instituciones nacionales e internacionales, así como de la ciudadanía en general. La Comisión y su REDESCA han venido observando como la grave de situación de derechos humanos que afecta a las venezolanas y los venezolanos en los últimos años se ha profundizado debido a la crisis humanitaria que ha generado la mayor crisis de desplazamiento de las Américas, y que llevó a cerca de 5 millones de personas venezolanas a desplazarse.
En este complejo contexto, las autoridades de Venezuela tienen la obligación de adoptar medidas serias y exhaustivas de atención y de contención del COVID-19; a la vez que los países de acogida deben redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de las personas y mitigar los efectos de un potencial contagio masivo.
La situación de las personas en Venezuela se ve agravada por la insuficiencia de alimentos en calidad y cantidad suficiente, por la baja remuneración salarial y la hiperinflación, así como por la suspensión generalizada y frecuente de servicios públicos como el agua potable, el gas natural o la energía eléctrica. La confluencia de estos factores en el contexto de una pandemia conlleva a que las personas estén imposibilitadas para tomar las medidas necesarias esenciales de profilaxis y prevención, como el lavado frecuente de manos con jabón y agua o el aislamiento en sus casas, lo que aumentaría el riesgo de contacto con el virus y de contagio.
Ante este panorama, la Comisión y su REDESCA hacen un llamado enérgico para que las autoridades de Venezuela adopten medidas dirigidas a garantizar el derecho a la salud de todas las personas sin discriminación, acogiendo un enfoque diferenciado que priorice el bienestar de las personas mayores y de otros grupos especialmente afectados por el COVID-19, con perspectiva de igualdad de género.
Situación de las personas migrantes forzadas venezolanas en la región
En este contexto, la CIDH, en conjunto con sus relatorías especiales, subraya que el fenómeno migratorio forzado venezolano refuerza la necesidad de acciones coordinadas, cooperación internacional e intercambio de informaciones y buenas prácticas poniendo en el centro de las acciones la integralidad de los derechos humanos.
En términos generales, la Comisión resalta que la pandemia del COVID-19 no puede ser utilizada como excusa para que los Estados evadan sus obligaciones de derecho interno e internacional en relación con poblaciones que necesitan especial protección. En este sentido, la CIDH observa con gran preocupación los impactos desproporcionados producidos sobre las personas venezolanas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional generados por las medidas dirigidas a la contención del COVID-19 en los principales países de acogida y de tránsito en la región.
La Comisión reconoce la necesidad de adoptar medidas para prevenir la propagación del COVID-19, no obstante, advierte que dichas medidas no se deben fusionar con políticas y mecanismos migratorios que resulten en la ruptura del principio de no devolución (non-refoulement) u obstaculicen el acceso a los instrumentos de protección adecuada.