Cepaz: Se registraron en septiembre 33 casos de persecución y criminalización en Venezuela | vía: El Impulso
Juan Bautista Salas | Venezuela | 19 de octubre de 2021
Al menos 33 casos de persecución y criminalización fueron registrados durante el mes de septiembre desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), de acuerdo con la información dada a conocer este martes por la ONG que mantiene un monitoreo permanente de esta situación.
Periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación, personeros políticos vinculados con la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y la población en general son víctimas de un patrón de persecución aplicado de manera sistemática para silenciar, reprimir y controlar a quienes identifica como adversarios u opositores.
Patrones identificados
En el monitoreo y análisis de los 33 casos de persecución y criminalización ocurridos se identificaron los siguientes patrones: un cierre de un programa de radio, tres allanamientos de viviendas, diez actos de amenaza y hostigamiento, el cierre de una emisora de radio a la que también se le incautaron equipos de trabajo. También la aprobación de un proyecto de ley abiertamente inconstitucional. Adicionalmente tres aperturas de investigaciones, nueve detenciones arbitrarias, tres inhabilitaciones políticas, y dos traslados de presos políticos bajo condiciones irregulares.
Persecución a periodistas y trabajadores de la comunicación
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela, identificamos 13 actos de censura contra periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación. De manera disgregada registramos un cierre de un programa de radio por motivos políticos, dos allanamientos de viviendas contra dos humoristas que lideran un show en YouTube en donde son críticos al régimen de Nicolás Maduro, ocho actos de amenazas y hostigamiento, incluyendo ataques a través de redes sociales e intimidaciones en persona por el desempeño de su labor periodística, un cierre de una emisora de radio a la que también se le incautaron equipos de trabajo sin conocer las razones de fondo que motivaron el cierre. Adicionalmente la aprobación en segunda discusión del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Una ley inconstitucional, que lejos de abrir la posibilidad de que la población conozca la información de interés público, limita y condiciona el derecho a la información.
Persecución contra personeros políticos
Asimismo, durante el mes de septiembre registramos diez actos de persecución contra personeros políticos. Específicamente, un allanamiento de vivienda irregular y con evidentes motivos políticos contra los padres fallecidos de Juan Planchart, familiar de Juan Guaidó. Dos aperturas de procedimientos de investigación, uno contra un gobernador vinculado con la oposición y otra contra Juan Guaidó.
Dos detenciones arbitrarias, una contra un alcalde mientras llevaba a cabo su campaña electoral, y la otra contra un general de división que se encontraba recluido en un centro de salud tras ser diagnosticado con un tumor cerebral. Tres inhabilitaciones políticas en medio de un contexto electoral, incluso contra candidatos del Partido Comunista de Venezuela que en un primer momento se relacionaban con la alianza del partido del gobierno de Nicolás Maduro, y por último documentados dos traslados de presos políticos de forma irregular, desde “La Tumba”, como suele ser llamada la sede del Sebin en Plaza Venezuela, hasta la sede del Sebin en El Helicoide.
Actos contra la población
Por otra parte, durante el mes de septiembre se documentaron al menos diez actos de criminalización y control contra la población. Específicamente, dos actos de hostigamiento y amenaza, uno contra un obispo tras reclamar el impedimento de la entrada de ayuda humanitaria a la población de Mérida afectada por las lluvias, y otra contra jubilados y pensionados petroleros que reclamaban sus pagos atrasados. No fue posible identificar y cuantificar en términos numéricos las personas jubiladas que fueron víctimas de las amenazas y la represión.
Se documentaron la apertura de un procedimiento judicial contra un dirigente sindical por denunciar la crisis hospitalaria que atraviesa el país. Así como, siete detenciones arbitrarias contra trabajadores petroleros quienes fueron acusados de atentar contra la industria petrolera.
Ratifican en el documento que desde Cepaz, observan con preocupación la situación de desamparo judicial en la que se encuentran las víctimas, frente a la falta de independencia del sistema de judicial venezolano. Continuamos insistiendo en el rol que juegan los organismos internacionales de derechos humanos en documentar la grave situación del país, en exigir al Estado el respeto y garantía de los derechos humanos de la población venezolana, pero también en evolucionar en los criterios de acceso a la justicia ante los órganos internacionales frente a imposibilidad de encontrar justicia y reparación en el sistema de justicia interno.
