30 años de agresiones al pueblo Yanomami | vía: Alerta Venezuela
Alerta Venezuela | 31 de marzo de 2022
El 20 de marzo de 2022 se produjo una controversia entre una comunidad Yanomami del alto Orinoco y efectivos militares de la base aérea de Parima “B”, estado Amazonas, con saldo de cuatro indígenas muertos por arma de fuego y cinco heridos, incluyendo un menor de edad y dos militares. El conflicto se originó por la negativa de los militares para dar acceso a la señal de Wifi a la comunidad Yanomami.
El fiscal general impuesto por la asamblea nacional constituyente anunció que había ordenado la investigación de los hechos, calificándolos de “enfrentamiento”, cuando, según informaciones de fuentes confiables, los militares dispararon con armas de fuego, siendo repelidos por los Yanomami con flechas.
En contraste con la reacción del fiscal general, la organización Wataniba, que trabaja por los derechos de los pueblos indígenas de la amazonia venezolana, calificó el hecho como un uso excesivo de la fuerza. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes recordó que este hecho sucede cuando están por cumplirse 30 años de la masacre de los Yanomami de Haxumú, en la que fueron asesinados 16 Yanomami, a mediados de 1993.
En diciembre de 1996, el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch presentaron la denuncia por la masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En octubre de 1997, la CIDH se puso a disposición de las partes para alcanzar una solución amistosa, tras lo cual hubo varias rondas para llegar a acuerdos.
Las exigencias principales de los representantes de las víctimas se enfocaban en medidas que aseguraran la integridad del territorio de los Yanomami frente a las constantes incursiones de garimpeiros (mineros), la instalación de un puesto de salud y la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de la masacre. Los pocos avances en las negociaciones sufrieron un retroceso en 2004, cuando el gobierno de Hugo Chávez “presentó objeciones al acuerdo de solución amistosa, solicitando la suscripción de un nuevo acuerdo. El 5 de mayo de 2006, la CIDH comunicó a las partes, que daba por concluida su intervención en el procedimiento de solución amistosa, resolviendo proseguir el trámite de la petición, a solicitud de los peticionarios”[1].
Los nuevos términos del acuerdo fueron aprobados por la CIDH el 20 de marzo de 2012. Sin embargo, casi 30 años después de la masacre de Haximú, y a los 10 años exactos del acuerdo, el territorio Yanomami sigue siendo objeto de incursiones. En 2019, la CIDH señaló que “comunidades del pueblo Yanomami, en cuyos territorios se practica la minería ilegal, habrían sufrido agresiones de mineros y violaciones a mujeres”.
Más recientemente, en agosto de 2020, el equipo de la organización SOS Orinoco advirtió que “La pandemia del Covid-19 amenaza con golpear a los pueblos de la Reserva de Biosfera, si es que ya no lo está haciendo, proveniente de Brasil donde ya se ha demostrado su infección a Yanomamis de ese lado de la frontera, máxime cuando la invasión de mineros garimpeiros brasileños al territorio Yanomami venezolano sigue en pleno desarrollo y no hay actuación evidente para impedirlo por parte de las autoridades militares venezolanas”. La organización también informó sobre la presencia de grupos guerrilleros en el territorio Yanomami.
El conflicto está lejos de resolverse. La comunidad Yanomami ha impedido que los militares responsables de los asesinatos sean sacados de la base militar. “El problema sucedió aquí y aquí se tiene que cerrar el caso”, dice una mujer Yanomami en un video compartido por Survival International por Twitter.
La afirmación de Wataniba debe servir para la reflexión: “El hecho ocurrido entre efectivos militares de la base aérea de Parima B y la comunidad yanomami de la zona pone en relieve un problema con raíces profundas. Aunque la señal WiFi haya sido el detonante, no se trata de un hecho aislado. Es el resultado de un cúmulo de tensiones, abusos y violaciones a los derechos fundamentales a los pueblos indígenas que, desde hace décadas, han sido denunciadas por organizaciones indígenas, de derechos humanos, activistas y las propias víctimas”.
Si la situación del pueblo Yanomami era complicada hace 30 años, hoy está mucho más comprometida, debido a que las incursiones de la minería ilegal se producen con la anuencia y hasta participación de funcionarios venezolanos. Una destrucción que debe parar con el apoyo de la comunidad internacional.
[1] CIDH. Informe No. 32/12. Petición 11.706. Solución Amistosa. Pueblo Indígena Yanomami de Haximú, Venezuela, 20 de marzo de 2012