Organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos proponemos #8AccionesPorLasMujeres
Caracas, 8 de marzo de 2022
Para este 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas propusieron como tema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” con el objetivo de reconocer la importante y necesaria contribución de las mujeres, adolescentes y niñas en la construcción de un futuro más sostenible para todas las personas.
Del mismo modo, la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles incluye la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres, adolescentes y niñas como su objetivo N°5. Para alcanzarlo, los Estados deben poner fin a todas las formas de discriminación contra ellas mediante el desarrollo de normas, políticas públicas y acciones basadas en los principios de equidad y complementariedad, con pertinencia sociocultural, lingüística y enfoque de género intercultural e interseccional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado consagra la igualdad como uno de sus máximos valores y no permite las discriminaciones, esto con el objetivo de alcanzar una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. No obstante, se requieren acciones y voluntad para llevarla a la práctica.
La igualdad de género es hoy un concepto efímero en Venezuela, una realidad que se desdibuja ante la profundización de las brechas de género derivadas de la crisis económica, social, política y humanitaria que padece el país desde hace varios años, agudizada por el impacto del COVID 19, que expone a las mujeres, adolescentes y niñas a mayor riesgo y discriminación.
Es imposible hablar de Igualdad de Género en la Venezuela de hoy, cuando:
- 2.52 millones de mujeres, adolescentes y niñas son población vulnerable4 que no cuenta con los medios para garantizar su supervivencia y requieren una pronta respuesta institucional y comunitaria para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección. Las mujeres, adolescentes y niñas representan el 56% de la población meta del Plan de Respuesta Humanitaria para 2021.
- El número de femicidios se ha más que duplicado en los últimos 5 años, de 122 en 2016 ascendió a 290 en 2021. Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres que ocurre en el país, no sólo de la que se da en el contexto de las relaciones de pareja, sino también de aquella que se produce a nivel comunitario, de la derivada de la discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual, de la expresada en forma de explotación sexual comercial, trata y tráfico de mujeres, adolescentes y niñas, y de la violencia sexual en sus diversas manifestaciones.
- La trata es la segunda causa de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela y una forma extrema de violencia basada en género que se encuentra invisibilizada por la misma naturaleza del delito y cuya incidencia es significativamente mayor en población femenina. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirma que existe correlación entre la contracción del producto interno bruto (PIB) y el aumento de los flujos de trata originados en Venezuela hacia países de América del Sur, Centroamérica, Europa occidental y meridional, central y sudoriental. Para el primer semestre del 2021, se reporta el rescate de apenas 147 venezolanas tratadas.
- El acceso a la justicia para las mujeres que han sufrido una situación de violencia no está garantizado. El 91,5% de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas. El número de denuncias de violencia contra las mujeres también ha disminuido drásticamente en los últimos 6 años. Esto obedece a fallas en la recepción de las denuncias y a la desconfianza de las mujeres en la institucionalidad del sistema de justicia, incapaz de brindar seguridad, protección, tutela jurídica efectiva y reparación.
- La violencia hacia las mujeres atenta contra derechos individuales y colectivos fundamentales. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad han sufrido la violencia física en 97,7% y de violencia sexual en 79,5%, generando consecuencias negativas en su esfera personal y afectando sus derechos individuales. Por su parte, en los pueblos indígenas, donde las mujeres son garantes de la vida, la existencia y permanencia de las culturas originarias, poseedoras de los conocimientos ancestrales y transmisoras de los valores, principios e idiomas maternos, la violencia contra ellas afecta su esfera personal, representa una amenaza a la continuidad cultural y constituye un factor que perturba la conservación y protección de la madre tierra y la vida en el planeta.
- Las mujeres indígenas en Venezuela no cuentan con la protección especial que requieren debido a la interseccionalidad de diversas condiciones de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, indígenas, por estar en situación de pobreza y por su cosmovisión. No tienen garantizados sus derechos humanos, particularmente el derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, a la alimentación y a la salud. De cada 100 indígenas, 10 viven con VIH y no cuentan con los medicamentos para sobrellevar las enfermedades endémicas y disminuir la tasa de mortalidad. La violencia obstétrica y la espiritual se profundizan en esta población que va perdiendo sus costumbres ancestrales. La explotación sexual comercial es una grave realidad en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, donde prevalece el estereotipo de inferioridad sexual de las mujeres. También sufren violencia política.
- Venezuela no cuenta con normativas referentes a la identidad de género u orientación sexual que brinden protección a las mujeres LBTIQ+, ni leyes integrales que permitan a las mujeres supervivientes defenderse contra la discriminación, o el abordaje a los delitos de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género.
- Las mujeres venezolanas tienen vulnerado su derecho a la salud al no tener acceso a programas de información, prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos para condiciones de salud crónicas como el cáncer, hipertensión y el VIH.
- Las mujeres trabajadoras suelen percibir un 17.7% menos del salario que los hombres en el mismo cargo; se enfrentan a no ser contratadas por su condición de mujer y posible condición de madre, y no cuentan con espacios de trabajo libre de acoso.
- Las mujeres de sectores populares, las más vulnerables, además de pobreza económica poseen pobreza de tiempo. Estas mujeres dedican entre 13 y 16 horas diarias a labores de cuidado y no tienen tiempo para actividades remuneradas. La crisis de servicios, energética y de transporte hacen más pesada esta carga de cuidados. Las mujeres que están al pie de la cama de sus hijos e hijas en hospitales públicos realizan un trabajo no remunerado y no cuentan con ninguna pensión del Estado. No se les reconoce su labor como cuidadoras no profesionales, actividad que representa un gran ahorro para el sistema de salud. No existen políticas públicas de cuidado en el país. Las sobrecargas de cuidados en las mujeres reproducen la feminización de la pobreza y las hacen más vulnerables a la violencia.
- La educación pública venezolana está en crisis, existe un déficit de docentes -en su mayoría mujeres- que se estima en 24,9%, y de este total, el 40% es debido a la migración forzada. La deserción estudiantil a nivel básico y medio se situó en un 15% en los últimos tres años. Adicionalmente, hay un deterioro generalizado en servicios (agua, electricidad, internet) e infraestructura, barreras de acceso a materiales educativos y a los propios planteles por la crisis de transporte. La extrema pobreza de la población y las brechas tecnológicas limitan el acceso a la educación a distancia. Todo esto genera consecuencias negativas en el proceso educativo, bienestar general y salud mental de niñas, niños y adolescentes. En el caso de las niñas y adolescentes se suman barreras asociadas a las cargas de cuidado y a la pobreza menstrual.
- Hay vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Menos de la mitad de las mujeres de 15 a 49 años y apenas el 37,9% las adolescentes sexualmente activas utilizan métodos anticonceptivos. La baja tasa de prevalencia obedece a fallas en el acceso a los mismos, toda vez que más del 50% de las mujeres no pueden comprarlos debido a los altos costos. Esto repercute en embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo en adolescentes, abortos inseguros y en definitiva, en una pérdida de la autonomía física para las mujeres.
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