Lo que nos dejó y nos faltó con la visita del jefe humanitario de la ONU | vía: Alerta Venezuela
Alerta Venezuela | 4 de agosto de 2022
El 02 de agosto de 2022, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Martin Griffiths, finalizó su visita de tres días en Venezuela. La visita se produjo sin ofrecer agenda pública, lo que provocó preocupaciones de organizaciones de la sociedad civil considerando el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja y el desconocimiento sostenido del Estado venezolano sobre su escala y severidad en el tiempo.
En una declaración de prensa del 02 de agosto, Griffiths señaló que “la economía está mostrando signos de recuperación”, al tiempo que añadió que «siguen existiendo significativas necesidades humanitarias” en el país. Asimismo, comentó que “[habían acordado con el gobierno] publicar el Plan de Respuesta Humanitaria para 2022-2023, que ayudará a facilitar el acceso a recursos para el bienestar del pueblo venezolano”, así como “trabajar juntos para abordar las condiciones de acceso para los socios humanitarios”.
Aunque las reuniones con diversos actores ofrecieron buenas señales, la respuesta humanitaria en el país continúa enfrentando problemas estructurales. Para analizar algunos de sus pilares, conversamos con un representante de la organización Civilis Derechos Humanos, quien identificó cuatro puntos para la reflexión.
Primero. Las leves mejoras en algunos indicadores de la actividad económica están asociadas al relajamiento de la pandemia, sin que impliquen una recuperación genuina de capacidades en el país para garantizar a la población un efectivo acceso a bienes y servicios esenciales, y la situación puede revertirse considerando la vulnerabilidad asociada a la alta dependencia de la economía de puertos. La emergencia humanitaria no ha cedido en la escala y severidad que tenía antes de la pandemia
Segundo. La respuesta humanitaria se enmarca todavía en un contexto de restricciones de acceso y seguridad. Que se haya acordado publicar el plan de respuesta para 2022-2023 puede ser un acto en el vacío, ante la ausencia de un acuerdo formal que reconozca la emergencia humanitaria, facilite la libre acción humanitaria y favorezca la configuración de un espacio propicio que promueva la asistencia y la protección de la población afectada. Entre las restricciones oficiales, persiste el veto a la información de fuentes independientes, incluida la que pueden proporcionar las agencias de la ONU.
Tercero. La caída del financiamiento de la respuesta humanitaria es notoria y se corre el riesgo de que los recursos financieros sean más reducidos ante la falsa narrativa de que Venezuela está “en vías de entrar a una fase de desarrollo”, sin existir cambios en las condiciones que han mantenido la emergencia durante 7 años, lo cual podría ocasionar el abandono de los esfuerzos humanitarios para sostener a la población más vulnerable. Naciones Unidas debe velar por que la respuesta humanitaria se mantenga el tiempo que las personas requieran contar con asistencia y protección para el resguardo de sus vidas, seguridad y necesidades de subsistencia.
Cuarto. Las organizaciones de la sociedad civil venezolana, como principales aliadas, siguen amenazadas por instrumentos como la Providencia 002-2021 y un proyecto de ley de cooperación internacional nuevamente introducido en agenda legislativa. De implementarse este marco normativo más restrictivo del espacio cívico, las capacidades de asistencia humanitaria en el país disminuirán considerable y rápidamente, las cuales dependen en gran parte de los esfuerzos que realiza la sociedad civil local.
Es fundamental responder a estas debilidades estructurales para que la acción humanitaria en Venezuela pueda desplegarse y ser efectiva. No sólo es necesario que el Estado reconozca la existencia de la emergencia humanitaria en toda su dimensión y severidad, sino que debe generar un entorno propicio para la acción humanitaria garantizando el financiamiento, el acceso a la información y la cooperación entre el Coordinador Residente y las distintas agencias de Naciones Unidas, así como de éstas con el OACNUDH, con otras instancias de derechos humanos y, especialmente, con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al trabajo humanitario a nivel local, sin cuya acción en terreno sería imposible alcanzar a la población necesitada..
La emergencia humanitaria en Venezuela, como afirmó Griffiths, requiere de más solidaridad y apoyo, pero lo que no dijo es que necesita, ante todo, la responsabilidad de los actores involucrados, incluyendo el rol crítico de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. El discurso de la solidaridad y el apoyo no puede eludir el cumplimiento de obligaciones del Estado venezolano para aceptar una respuesta humanitaria desde Naciones Unidas, sin restricciones indebidas, que obstaculice o vulnere los derechos de la población a recibir la asistencia y protección requerida, de acuerdo con la escala y severidad de sus necesidades.