Derechos humanos postergados, una vez más | vía: Alerta Venezuela
Alerta Venezuela | 25 de octubre de 2022
Durante la fase final de la guerra en Sri Lanka (2007 – 2009), la ONU mantuvo un silencio cómplice frente a las atrocidades cometidas, lo que llevó a Ban Ki-moon a comisionar un estudio que, entre otras cosas, señalaba que la ONU “no invocó adecuadamente los principios de los derechos humanos que son la base de la ONU, sino que pareció hacer lo necesario para evitar la confrontación con el gobierno”[1].
Este vergonzoso desempeño llevó al Secretario General a impulsar la iniciativa “Derechos Humanos Primero”, cuyo objetivo era precisamente ese: poner al pilar de los derechos humanos en una posición central en toda la actividad de la ONU. Esta importante iniciativa, sin embargo, sigue encontrando resistencias en el terreno.
La evidencia más reciente es el nuevo marco que regirá la Cooperación de Naciones Unidas en Venezuela para el periodo 2023-2026, acordado entre el gobierno y la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en el país. Más de 80 organizaciones de la sociedad civil independiente expresaron su preocupación por lo que consideran “llamativas deficiencias y omisiones que presenta dicho documento”, destacando la ausencia de contextualización de las circunstancias sociopolíticas en que se desarrollará la cooperación y la poca claridad sobre el alcance de las consultas con la sociedad civil, lo que las lleva a advertir que el marco de cooperación “no debe ser instrumentalizado para normalizar esta crisis”.
No es la primera vez que el sistema de la ONU en Venezuela evade temas sustantivos como la crisis humanitaria y de derechos humanos. En el estudio recientemente publicado por AlertaVenezuela Lecciones no aprendidas, se recuerda que:
Siguiendo el ciclo de programación internacional de las actividades de respuesta en una arquitectura humanitaria, el Equipo Humanitario de País (EHP) elaboró un primer diagnóstico de necesidades humanitarias en el país, denominado Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO por sus siglas en inglés). El HNO de 2019 fue vetado por el gobierno y nunca se publicó.
Un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizado en diciembre de 2019, afirmó que 9,3 millones de personas se encontraban con necesidades de asistencia humanitaria en alimentación, el cual igualmente recibió el veto del gobierno venezolano. Debido al veto, esta cifra no pudo ser utilizada en la reestimación del número de personas con necesidades humanitarias para el segundo HRP del año 2020, volviendo a quedar en la estimación inicial de 7 millones de personas, aumentando la meta de asistencia a 4,5 millones (64,3%), pero dejando de hablar de “necesidades” para referirse a “capacidad operativa demostrada”, lo cual va en contravía de los propios estándares humanitarios.
Todo parece indicar que el veto oficial se sigue imponiendo, desdibujando las verdaderas dimensiones de la emergencia humanitaria y dejando los derechos humanos por fuera de la ecuación del marco de cooperación, pese a ser uno de los tres pilares de la organización.
La comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil tienen la obligación y el derecho de velar porque el marco de cooperación entre el gobierno de Venezuela y la ONU sea realmente participativo, incluyente y respetuoso de un adecuado balance entre los tres pilares de la organización multilateral. No se puede cumplir la aspiración de no dejar a nadie atrás, si los derechos humanos son dejados atrás.
[1] Petrie, Ch. Report of the Secretary-General’s Internal Review Panel on United Nations Action in Sri Lanka. Noviembre 2012. Párrafo 1. En: https://digitallibrary.un.org/record/737299