Alto comisionado de la ONU pide atender necesidades sanitarias y laborales en Venezuela | vía: Runrun.es
Ángel Vizcaya | Venezuela | 3 de julio de 2024
El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reveló la precaria situación sanitaria y laboral del país.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentó este miércoles, 3 de julio, una actualización de su informe oral sobre el estatus los derechos humanos en Venezuela. El representante hizo un llamado de atención ante la preocupante situación sanitaria, laboral y económica en el país.
En la presentación de su informe, Türk llamó al gobierno a dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos, principalmente a las de los jubilados, por un «salario mínimo y un nivel de vida adecuado».
“Insto a las autoridades a que den el paso para abordar todas estas preocupaciones en salud, alimentación, educación y remuneración digna, en línea con las obligaciones internacionales del Estado”, expresó.
Por su parte, Nada Al-Ashif, alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, destacó en su intervención que por más que haya signos de crecimiento económico en los últimos dos años, el acceso a salud, educación y alimentación “sigue enfrentando retos estructurales”, como por ejemplo, la carencia de personal y de financiación y que tiene un impacto proporcional en mujeres, indígenas y campesinos.
Llamó la atención sobre el hecho de que las sanciones sectoriales “exacerbaron los retos existentes de antemano” y tuvieron un impacto “desproporcionadamente negativo” en sectores vulnerables de la población.
Alta inflación y devaluación persisten
El informe preparado antes de la presentación oral del alto comisionado, que abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, reseña que a pesar de que las cifras oficiales indicaron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5% en 2023, la alta inflación y la devaluación de la moneda venezolana persistieron, “afectando desproporcionadamente a los grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad, incluidas personas en situación de pobreza urbana, personas que viven en zonas rurales y, particularmente, a las mujeres de estas poblaciones”.
Esta problemática, de acuerdo a la oficina del alto comisionado, repercutió en la escasez estructural de fondos y personal, especialmente, en el sector sanitario. «A pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatir enfermedades infecciosas y fortalecer la vigilancia epidemiológica, las sanciones sectoriales han exacerbado la escasez de medicamentos esenciales, afectando gravemente la atención sanitaria en el país», detalla.
Bonos no suplantan los derechos laborales
Por otra parte, el informe recordó que a pesar de los aumentos en los bonos de alimentación y guerra económica, el salario mínimo en Venezuela sigue siendo extremadamente bajo, unos 3,61 dólares mensuales.
Acnudh reporta que entre el 1 y el 14 de febrero de 2024, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación realizó su primera visita a Venezuela. Este último expresó su preocupación respecto a «las medidas coercitivas que limitan significativamente la capacidad del gobierno y del pueblo venezolano para lograr el derecho a la alimentación».
«Esto también reduce efectivamente las pensiones y contribuye al aumento de los niveles de pobreza y a la falta de acceso a productos esenciales», explica el informe, el cual detalla que la cesta básica, para marzo de 2024, rondaba los 554,26 dólares.
En este sentido, durante el último año, constataron que se registraron múltiples protestas de empleados públicos, quienes exigían mejores condiciones laborales y salarios dignos. «La falta de respuesta a estas demandas llevó a huelgas de hambre y manifestaciones, reflejando la creciente frustración y desesperación entre los trabajadores afectados».
ACNUDH insta al Gobierno venezolano a «cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos laborales», garantizando condiciones de trabajo justas y dignas para todos los ciudadanos y destaca la urgente necesidad de abordar los problemas estructurales en Venezuela, tanto en el ámbito de la salud como en el laboral, para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y garantizar el pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Escasez de medicamentos y personal médico
Según el informe, persiste una escasez significativa de medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas, como la diabetes y las infecciones respiratorias, con una falta del 27,2% de los suministros requeridos.
Esta situación se agrava en los hospitales, donde aproximadamente el 35% de los equipos y suministros médicos necesarios no están disponibles. Las zonas rurales y los territorios indígenas son los más afectados. Sufren las limitaciones severas en la distribución de medicamentos.
Un sindicato del sector educativo indicó a la oficina del alto comisionado que, entre julio y agosto de 2023, el 74,6% de los centros de salud de todo el país carecían de personal médico y el 73,5% de personal de enfermería.
Además, el informe de ACNUDH destaca la dificultad de los pacientes, familiares y médicos para acceder a tratamientos especializados, mayormente para enfermedades como la lepra y la leishmaniasis.
Subvención VIH y despenalización del aborto
Otro aspecto crítico es la situación de la salud reproductiva y sexual en Venezuela. A pesar de las altas tasas de embarazo adolescente y las deficiencias en la prevención del cáncer de mama y útero, la legislación restrictiva sobre el aborto «continúa penalizando esta práctica en casos de violación, incesto o malformación fetal grave».
«ACNUDH insta al Estado a que adopte medidas para prevenir los abortos inseguros, así como para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas, y a que despenalice el aborto», enfatiza el informe.
En Venezuela, en los hospitales públicos, el aborto es imposible. Mientras que «en centros privados cobran hasta 1.000 dólares por practicarlo clandestinamente», según informó Infobae en un trabajo publicado en 2023.
En contraste, se informó que la «subvención VIH-Tuberculosis (2024-2026) del Fondo Mundial es el resultado de los esfuerzos conjuntos de diversas autoridades (…) tiene como objetivo contribuir a responder a las necesidades de medicamentos antirretrovirales de al menos 70.000 personas».