La Emergencia Humanitaria Compleja y sus consecuencias para los derechos humanos en Venezuela fue un tema relevante en el EPU
HumVenezuela, 4 de febrero de 2022
Durante el 3er ciclo del Examen Periódico Universal, se mencionó 14 veces la Crisis Humanitaria que afecta a Venezuela desde 2016.
Pese a los esfuerzos del gobierno venezolano por camuflar la Emergencia Humanitaria Compleja que sufre Venezuela desde 2016, durante el 3er Examen Periódico Universal (EPU), 14 países recomendaron a Venezuela garantizar condiciones de acceso, eficacia y seguridad para la respuesta humanitaria. Facilitar estas condiciones es una obligación imperativa del Estado venezolano para atender esta crisis que ha desencadenado la migración forzosa de más de seis millones de personas, en su mayoría en situación de pobreza y que huyen del país incluso a pie, sin dinero y a veces con apenas lo que llevan puesto.
Sin embargo, en el informe nacional presentado por el Estado venezolano y en la intervención oral de sus representantes ante el EPU, se omitió la extendida y grave situación humanitaria y tampoco fue mencionado el mecanismo de coordinación de las Naciones Unidas, instalado en el país desde 2019, para ofrecer una respuesta humanitaria a las poblaciones afectadas. A pesar de la falta de reconocimiento de la emergencia por parte del Estado, los países examinadores incorporaron el tema en sus recomendaciones, especificando medidas concretas que se resumen a continuación:
- Intensificar los esfuerzos y aumentar la eficacia del plan humanitario para hacer frente a la emergencia en curso.
- Garantizar que el plan humanitario pueda desarrollarse conforme a sus principios y llegar a las poblaciones y grupos más necesitados.
- Trabajar junto con las organizaciones humanitarias y los organismos internacionales en el plan humanitario.
- Permitir la ampliación de las operaciones de organizaciones humanitarias como el Programa Mundial de Alimentos y un entorno seguro para su labor.
- Permitir que las organizaciones humanitarias operen sin restricciones ni temor a amenazas, represalias, persecución, encarcelamiento arbitrario y limitaciones.
- Crear un entorno seguro y no discriminatorio para las organizaciones humanitarias, garantizando la seguridad de las personas que trabajan en esa área.
- Promover la participación equitativa en los asuntos políticos y públicos para superar la actual crisis política y humanitaria.
- Poner fin de inmediato a la injerencia, persecución y criminalización de los trabajadores humanitarios y de asistencia sanitaria.
La discriminación en las políticas de protección social del Estado también fue mencionada en el contexto de la emergencia, y esto se refleja en la recomendación de “Aplicar medidas destinadas a garantizar la igualdad de acceso a los programas de asistencia social e investigar las denuncias de discriminación en el acceso a ellos” y “Adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso a los programas de protección social”. Como manifestación de los impactos de la emergencia, las recomendaciones en materia de derechos sociales también fueron relevantes por la falta de acceso a la salud en el sistema sanitario, los medicamentos, la salud sexual y reproductiva, la alimentación, la educación, el agua y saneamiento, y a niveles adecuados de vida. En estos temas se hizo referencia a las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, las personas LGBTI, los pueblos indígenas y las personas sin salud ni medicinas.
En atención a la complejidad de la crisis venezolana, igualmente se recomendaron medidas para corregir la falta de independencia del sistema judicial, poner fin a las acentuadas restricciones a la sociedad civil y a las amenazas de cierre del espacio cívico, frenar las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, erradicar la violencia e inequidad de género y la trata de personas, atender las necesidades apremiantes de las personas que han migrado, cesar las violaciones del derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y a la autonomía universitaria; así como retomar el diálogo político, la negociación y garantizar elecciones libres y justas.
Fueron abundantes las recomendaciones en respaldo a los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos para abordar la crisis multidimensional del país (política, económica, social y humanitaria), así como la investigación de las graves violaciones de los derechos humanos. Específicamente se recomendó la necesidad de trabajar y ampliar la cooperación con el equipo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y establecer una oficina de la ACNUDH en el país, permitir el acceso de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) y las visitas de los Relatores Especiales.
En junio de 2022 será la sesión de cierre para evaluar los resultados del EPU y corresponde al Estado venezolano expresar su posición argumentada de aceptación o anotación de las recomendaciones. A la ACNUDH —que entre todos los mecanismos activados en Venezuela fue el más mencionado durante la sesión— tiene la labor de hacer seguimiento y prestar asistencia al gobierno en la implementación de las recomendaciones. El Coordinador Residente de la ONU en Venezuela y Coordinador Humanitario, Gianluca Rampolla, anunció que su equipo de @ONUVenezuela se compromete a acompañar al gobierno y a todos los sectores de la sociedad civil para implementar las recomendaciones que surgieron del 3er ciclo del EPU en Ginebra a favor de los derechos humanos en Venezuela.