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Una mirada profunda a la esclavitud de mujeres en el Arco Minero | vía: Cinco8

Kaoru Yonekura | Venezuela | 26 de mayo de 2021

Una investigación del Centro de Derechos Humanos de UCAB Guayana revela los patrones de explotación forzada, sexual y laboral, de niñas, adolescentes y mujeres en las minas. Dos de sus responsables explican la magnitud de estos hallazgos.

El Arco Minero no solo es un desastre ambiental en la región de mayor biodiversidad de Venezuela y donde más se debe producir agua dulce. No solamente está ayudando a regar la malaria por el país. No solamente está trayendo conflicto, violencia, enfermedad y explotación a las comunidades indígenas. El Arco Minero también está consolidando patrones de sometimiento sexual y laboral a niñas, adolescentes y mujeres venezolanas que solo pueden llamarse esclavitud.

El jueves 20 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, presentó el informe Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar, fruto de una investigación diseñada y coordinada por Eumelis Moya (coordinadora del Centro) y Beatriz Borges (directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ).

Este informe es el primero del CDH UCAB Guayana en abordar la esclavitud moderna en el estado Bolívar con una perspectiva sensible al género, y el penúltimo de los que serán los cuatro informes, dedicados a la investigación de esta problemática en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

La investigación para esta publicación nació como respuesta a la falta de datos oficiales, y comenzó apenas fue creada la oficina del CDH UCAB Guayana en 2019, con el propósito de identificar y monitorear las denuncias en el estado Bolívar, sobre todo de aquellas vinculadas a la explotación laboral y sexual de mujeres, adolescentes y niñas en los municipios del sur del Arco Minero, así como de diversas prácticas de violencia extrema en contra de la mujer que, en definitiva, son una regresión de todos los derechos. De hecho de la sociedad entera: Naciones Unidas mide el desarrollo de un país según el disfrute de los derechos fundamentales de sus niños y sus mujeres, entre otros indicadores.

Moya y Borges reflexionan sobre los hallazgos que dan cuenta de la violencia persistente por razones de género, en mujeres entre 12 y 35 años, asociada no solo con la explotación ilegal de recursos naturales en un estado controlado entre un 30 % y un 50 % por grupos armados irregulares y del Estado, sino también por el rezago estructural y cultural histórico del país, que se intensifica en la emergencia humanitaria compleja. El reporte, además, evidencia la negligencia y falta de efectividad de los sistemas de justicia del Estado para proteger a la mujer, a las adolescentes y a las niñas, pese a que estos dos últimos grupos son la mayoría de las víctimas de prostitución forzada, a veces directamente por efectivos militares.

Este informe fue elaborado siguiendo una metodología descriptiva, cualitativa y logró hacerse en campo, en la realidad de los lupanares y currutelas, ¿cómo fue posible?

Moya: cuando hicimos la primera investigación en 2019, logramos establecer un mapeo de actores clave por experiencia y ubicación, procurando que los datos que nos suministraban se apegaran a la realidad. Así que pudimos visitar toda la carretera Troncal 10 y las localidades de Tumeremo, Guasipati, El Callao, incluso Santa Elena de Uairén, y tener los testimonios de víctimas, sobrevivientes, mineros y personas que participan en grupos irregulares. Hicimos monitoreo de todos ellos y también entrevistamos a otras organizaciones que trabajan en estas zonas.

Llama la atención que es un informe con enfoque género-sensitivo, ¿por qué una investigación con este tipo de abordaje?

Borges: es entender que los problemas y las afectaciones son diferentes en hombres y mujeres por los patrones de discriminación y desigualdad. Cuando ves las prácticas de esclavitud moderna en este informe, ves patrones de género: el 99 % de las víctimas de explotación sexual son mujeres bajo mecanismos de relaciones de control, poder, jerarquía y en un ambiente de violencia por control territorial. Incluso se ven los patrones de estereotipos: el hombre ejerce el control y las mujeres están destinadas a las labores de cuidado, de la cocina y de limpieza. Justamente porque no existen estos análisis diferenciados, no vemos cómo ellas están afectadas y al no verlo, no hay protección y no veremos que debe haber políticas centradas en ellas, en su protección y en la garantía de sus derechos.

¿Otros hallazgos relevantes?

Borges: ¿Cómo la relación intrínseca entre los estereotipos patriarcales, la violencia generalizada por el control territorial y la minería ilegal facilitan las prácticas vinculadas a la trata, la explotación sexual y la prostitución forzada? Lo resumo en una frase que está en el informe, que dijo uno de los entrevistados: “A la minería hay que echarle ron y putas para que se produzca más oro”. Esto demuestra cómo estas relaciones están tan normalizadas en la cultura de estos lugares que terminan siendo terreno fértil para que el sometimiento y la opresión ocurran en completa impunidad.

Moya: insisto en esto: el tema debe trascender lo anecdótico. Hay que desmitificar la prostitución como si fuese una actividad cuando, por ser forzada, las mujeres son víctimas de trata. Las situaciones recogidas en el informe son temas de explotación laboral y de afectación de derechos. En las minas a cielo abierto también encuentras mujeres subiendo y bajando personas en el hoyo de extracción, cargando sacos de materiales de 45 kilos en adelante, expuestas a los gases de la extracción y a las aguas contaminadas con el mercurio. En los complejos industriales, aunque las infraestructuras sean más aceptables, están las cocineras con tiempos y cantidades de preparación abusivos. Las minas son lo más cercano a empresas de producción continua. Una jornada de extracción no dura menos de ocho a doce horas y si no se da, no se come. Así que el ritmo que marque la jornada también marca todos los demás trabajos asociados al proceso.

Borges: las mujeres operan bajo la lógica de una restricción de su voluntad para la supervivencia.

Las mujeres son objetos de comercialización, pero tampoco tienen escapatoria de esa única opción de vida. Aunque sepan cómo pueden salir de todo esto, ellas o sus familias son víctimas de amenazas y represalias como desapariciones, mutilaciones o asesinatos.

El informe también habla sobre la poca participación de las fuerzas de seguridad del Estado para detener y erradicar estas prácticas, ¿qué deberían estar haciendo?

Borges: hay mucho que hacer, porque hay poco hecho en un Estado donde ni hay autoridad ni ley: hacer frente a la prohibición de la esclavitud, desmantelar a los grupos armados, porque el Estado no está controlando su territorio, lo controlan grupos armados que, además, ejercen minería ilegal. Hay que investigar a los responsables, sancionar, proteger a las víctimas con casas de abrigo, dándoles acceso a denuncias y reparaciones sin criminalizarlas cuando son obligadas a cometer crímenes… También debería haber asistencia técnica internacional, porque la problemática, en términos de emergencia humanitaria y violaciones a los derechos humanos, es grave.

Moya: es tan grave la situación que cuando tú vas a los organismos del Estado, los funcionarios no tienen la comprensión real de los indicadores de los delitos, así que no saben subsumir los hechos en un tipo determinado de delito, es decir, no saben clasificarlos o ni siquiera saben que son delitos, porque no hay formación de los funcionarios encargados ni una compilación jurídica que dé fuerza a prevenir y sancionar, más allá de las disposiciones normativas generales para la esclavitud.

O sea, no se están ejecutando las recomendaciones del informe de la Misión de Determinación de los hechos de la ONU…

Moya: de ese informe y de cualquier otro, todas las recomendaciones están sin cumplirse…

Borges: … Y es clave que las autoridades sigan el llamado que hizo la Oficina de la Alta Comisionada, porque no estamos hablando solo de delitos, sino de crímenes internacionales. La anuencia, el silencio de las autoridades que están llamadas a proteger y no lo están haciendo, los vuelve cómplices de la problemática. Queda evidenciado que Venezuela no cumple con la Oficina de la Alta Comisionada, porque no hay cooperación ni avance.

¿Cómo ayuda el informe del CDH UCAB Guayana a evidenciar que el Estado venezolano no está cumpliendo con las recomendaciones internacionales?

Moya: presentamos el problema con la mayor claridad posible. Organizamos, detallamos la información para que gane visibilidad y comprensión, pero mantuvimos el foco para empezar a ser propositivos y permitir que sea más “sencillo” para otros actores comenzar a participar en la resolución de un conflicto que no es solo de las mujeres allá lejos en alguna parte del Arco Minero. Sabemos que no estamos descubriendo la situación, pero sí advertimos que los acontecimientos ya tienen consecuencias mucho más graves.