Derecho a la Salud

La EHC en Venezuela ha generado graves daños a la salud de millones de personas, la reaparición y propagación de epidemias y miles de muertes en creciente ascenso por la destrucción del sistema sanitario público, sometido a un deterioro sistemático, como consecuencia del desfinanciamiento, el uso de recursos para crear un sistema paralelo al institucional que prescindió de los profesionales y trabajadores calificados, la exacerbación de las importaciones y el control abusivo de las divisas, la censura y la ausencia de datos oficiales sobre las condiciones sanitarias y la situación de salud de la población.

El derecho humano a la salud es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, entendida como la mejor capacidad alcanzable de integridad y bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad.

Este derecho garantiza a todas las personas la disponibilidad, acceso y disfrute de establecimientos, servicios, medicinas, insumos y personal capacitado, sin discriminación, además de alimentación y servicios básicos que se consideran determinantes de la salud.

Comprende también estar libre de coerción, violencia, tortura, aislamiento, esclavitud y de riesgos de enfermedad por factores que puedan generar una mala salud. El derecho a la salud es parte del derecho a la vida, lo cual significa protegerla de amenazas por actos u omisiones cuya intención o expectativa sea causar muertes evitables y/o prematuras.

Reporte Nacional

Al menos 60% de la asistencia médica disponible en 2011 se perdió entre 2012 y 2017; prestada por servicios de salud públicos a 82% de la población usuaria.

En 66% subió la escala de muertes maternas y en 30% las infantiles de 2015 a 2016. Siguen en ascenso hasta 2018, con los agravantes de la desnutrición y las epidemias.

De 23.000 a 3.500 descendió el número de personas atendidas en instituciones psiquiátricas públicas y las que están no disponen de comida ni de medicinas.

18,7 millones de personas con las condiciones de salud de mayor prevalencia, incidencia y mortalidad no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni a tratamientos.

406.000 casos de malaria, generó la epidemia en 2017, con 280 muertes en 2016. Se esperan 700.000 casos y 1.500 muertes para 2018 por debilidad de programas antipalúdicos.

10.952 nuevos casos de tuberculosis en 2017, intensificándose en las cárceles por las condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa.

9.362 casos de Difteria y Sarampión en 2018 con 230 muertes. Estas epidemias se extienden a todo el país por desplazamientos internos y bajas coberturas de vacunación.

Más de 79.000 personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales desde 2017. Se estima que el número de defunciones aumentó de 1.800 en 2014 a más de 5.000 en los últimos años.

2.500 de 15.000 personas que se dializan por deficiencias renales, fallecieron entre 2017 y 2018 por las fallas, contaminación, déficit y cierre de las unidades de diálisis.

140.000 personas con cáncer y más de 300.000 con condiciones cardíacas severas tienen menos posibilidades de sobrevivir por ausencia de diagnóstico, tratamiento y cirugía.

El EPU evalúa la disposición del Estado examinado a cumplir sus obligaciones y compromisos con los DDHH, tomando las medidas que en concreto y de modo efectivo pongan fin a sus violaciones #EPUVenezuelaDDHH pic.twitter.com/mQMSe9BVK9