Derecho a la Alimentación y Nutrición
La EHC en Venezuela vulnera severamente el derecho a la alimentación, en especial de los hogares más pobres. La disponibilidad, acceso y utilización adecuada de los alimentos es imposible para la mayoría, acelerando el deterioro nutricional de la población, sobre todo de niños y niñas, embarazadas, personas mayores, personas con problemas de salud y personas recluidas o en zonas de difícil acceso. La falta de nutrientes, calorías y proteínas entre la concepción y los 2 años, amenaza el crecimiento y desarrollo de las nuevas generaciones.
El derecho humano a la alimentación es el derecho de toda persona, individualmente o en común con otras, a que se garantice el acceso físico y económico, en cantidad y calidad, a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla, en todo momento, sin discriminación, en condiciones de dignidad y de aceptabilidad cultural.
Este derecho también incluye el derecho de las personas a estar protegidas contra el hambre, mediante políticas de seguridad alimentaria y nutrición, incluyendo la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.
En el marco de este derecho, compete a los Estados establecer y mantener redes de seguridad social u otras formas de asistencia con el fin de proteger a quienes no puedan mantenerse por sí mismos.
Reporte Nacional
94% de la población venezolana no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos por las extremas condiciones de privación económica.
Con una caída de la producción nacional mayor a 60% y de las importaciones en más de 70%, la población venezolana enfrenta una escasa disponibilidad de alimentos.
80% de los hogares venezolanos vive en inseguridad alimentaria por el costo, la falta de disponibilidad y las dificultades para preparar los alimentos por falta de agua, gas y electricidad.
64% de los venezolanos había perdido unos 11 kg de peso en promedio entre 2016 y 2017, por el acelerado deterioro de la ingesta de alimentos en la cantidad y calidad necesaria.
Entre 2016 y 2018, la población subalimentada subió de 5% a 11,5% y la desnutrición aguda global alcanzó niveles de emergencia en niños y embarazadas de parroquias pobres.
25.000 embarazadas no reciben control prenatal y 7.500 se controlan tardíamente en el octavo y noveno mes de embarazo, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus hijos.
Las emergencias en alimentación y salud disminuyen las probabilidades de que los niños y las embarazadas que sufren desnutrición severa tengan oportunidad de sobrevivir.
33% de los niños entre 0-2 años de edad de sectores pobres tiene retardo de crecimiento; exponiéndolos a irremediables trastornos del desarrollo y enfermedades a futuro.
Ante las políticas de privación y dependencia, que incluyen negar la emergencia y no publicar información, las familias han adoptado estrategias de sobrevivencia, incluyendo emigrar.
Según FAO, Venezuela es un país de alto riesgo en seguridad alimentaria, debido a graves impactos políticos y económicos en su empeoramiento, pudiendo alcanzar una inestabilidad sistémica.