REPORTAJE | Educación truncada | Cuánto, cómo y qué se aprende en la escuela
En el sistema escolar venezolano se desvirtuó el derecho humano a desarrollar los potenciales creativos y el sentido de su dignidad en la sociedad democrática. La educación dejó de ser instrumento para construir las capacidades científicas, humanísticas y tecnológicas al servicio de la sociedad. La educación oficial sustituyó el libre desarrollo de la personalidad por el adoctrinamiento ideológico; la libertad de pensamiento y el conocimiento por una vocación populista; y las competencias físicas y mentales y la participación en una sociedad libre por el clientelismo político.
Fotografía Daniel Hernández | Infografía María Alejandra Domínguez
HumVenezuela, diciembre de 2021.- La educación oficial en Venezuela ingresó al siglo XXI con propósitos de control ideológico y de sometimiento de conductas a disciplinas excluyentes de los objetivos de la educación y de las libertades fundamentales consagradas en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
En oposición al artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, también se ha violentado la libertad de los padres para escoger el tipo de educación que deseen dar a sus hijos y de establecer y dirigir instituciones de enseñanza que, de acuerdo con los estándares del derecho, solo podrían estar sujetas a normas mínimas establecidas por los Estados.
El desvío de los estándares normativos del derecho a la educación en el propio sistema ha ido anulando el valor de la formación y de las competencias; muchos docentes, ya no están acreditados para ejercer sus cargos; a los estudiantes no se les exige, en el transcurso de la educación básica, aprobar las pruebas para pasar de grado. Coexisten varios programas pedagógicos, llenos de contenidos imprecisos o generalidades, en un intento por borrar todo pasado que recuerde la Venezuela democrática. Los calendarios escolares se improvisan sobre la marcha, y de forma constante se han cambiado las clases por actos proselitistas.
Los altos niveles de deficiencia en la calidad de la educación venezolana durante los últimos años repercuten en la vida de casi todos los niños, niñas y adolescentes del país, que en un 80% asisten a planteles a cargo de entidades públicas donde son más profundas, sobre todo en los que tienen menos recursos, en tanto que las escuelas privadas cuentan con otras posibilidades, lo que genera enormes brechas educativas.
Nancy Hernández de Martín, de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), señala que “la brecha entre el sector privado y el sector oficial se hace cada vez más profunda, y el venezolano que no tiene posibilidades de pagar una educación de calidad, se va a encontrar con un analfabetismo funcional, de hecho, mucho más grave que al comienzo de la democracia”.
Calidad sin parámetros
En la mayor parte del mundo, la calidad de la educación se mide cada año, pero no en Venezuela. Desde principios de este siglo Venezuela abandonó todos los esfuerzos de evaluación de la calidad de la educación. Este había sido uno de los primeros países que en América Latina instauró el Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (SINEA), basado en mediciones en tercer y noveno grado, pero fue abandonado a partir del año 2000.
Asociadas a las habilidades básicas como la comprensión lectora, las competencias lógico-matemáticas y algunas capacidades científicas complementarias, las pruebas de seguimiento permiten diseñar políticas, pero “Venezuela no ha querido participar en ninguna de las pruebas internacionales y no posee un método de seguimiento, lo que impide saber si la educación y el nivel de egreso de bachilleres sigue los estándares nacionales e internacionales”, dice Alexis Ramírez, de la organización Excubitus DHE.
“Si le preguntaras al ministro o ministra de educación de turno cómo está el nivel de lectura o de matemática en los alumnos de tercer grado, no estaría en capacidad de responder”, argumenta Juan Maragall, actual responsable de los proyectos de educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, exsecretario de educación del estado Miranda entre los años 2008 y 2016, donde lideró la implementación del Programa Internacional de Evaluación (PISA).
“Las pruebas PISA son una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para sus Estados miembros, que buscan medir el desempeño de los sistemas educativos, y se convirtieron en un estándar internacional, porque hay muchos países (incluso gobiernos locales y regionales) que no forman parte de la OCDE, pero acuerdan implementar la prueba —explica Maragall. El examen se aplica a jóvenes de 15 años, y permite comparar a una muchacha de Caracas con otra de Montevideo, o de Helsinki con una de Canberra para establecer un ranking”.
El PISA se implementó una vez en el estado Miranda, pero por limitaciones económicas no se repitió. No obstante, dice Maragall que “desde 2008 hasta el 2017 se hicieron pruebas ERE (Evaluación del Rendimiento Estudiantil). En 2009 había alrededor de 30% de analfabetismo escolar en el tercer grado, es decir, uno de cada tres niños no sabía leer, pero a raíz del diseño de políticas que respondieran a esos resultados, este número se redujo a menos de 5%”.
Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, en el marco del Diagnóstico Educativo de Venezuela (DEV 2021), realizado por la consultora DEVTech Systems en alianza con ANOVA, el Centro de Innovación Educativa (CIED) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Fundación Carvajal de Colombia, se aplicó una prueba de comprensión lectora llamada EGRA (Evaluación Inicial de la Lectura, por sus siglas en inglés). Aplicada en 1.028 estudiantes de tercer grado de educación básica en 394 escuelas de todo el país, este examen se adaptó a una versión digital remota a través de videollamadas por Whatsapp, en el contexto de la pandemia.
Los resultados del informe del DEV 2021 evidenciaron que, si bien la comprensión oral y la lectora son altas (82% y 85% respectivamente), la capacidad de lectura en voz alta y la decodificación son bajas (43% y 53%). El primer caso quiere decir que cuatro de cada 10 niños no leen un texto con exactitud y a un ritmo adecuado. En el segundo, significa que más de la mitad tiene poca capacidad para unir grafemas con fonemas al leer palabras simples. Además, 68% presenta un rezago importante en lectura. Más de 40% solo lee 64 palabras por minuto o menos, cuando deberían estar leyendo entre 85 y 90, y como consecuencia, presentan dificultad para leer de manera fluida.
Directores de escuelas entrevistados por Efecto Cocuyo observan que en los primeros grados hay alumnos que no saben el abecedario y, en bachillerato, tampoco saben tomar el lápiz, hacer un dictado o aplicar operaciones matemáticas básicas.
En Venezuela se han flexibilizado las evaluaciones, en el sentido de que se aprueba a los estudiantes así no hayan alcanzado las competencias para pasar de grado. En el año escolar 2016-2017 se estableció el Plan Batalla contra la Repitencia, que consiste en “no desaprobar a ningún alumno”, según Alexis Ramírez. El rezago escolar (RE), entendido como “la falta de continuidad en los itinerarios escolares asociada a problemas de ingreso tardío, repitencia o deserción” se ha incrementado en los últimos tres años, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ENCOVI).
El rezago escolar (leve y severo) en niños y niñas de siete a 17 años fue de 33,5% en 2020, bajando a 29% en 2021, “probablemente favorecido por la flexibilización de las evaluaciones y la promoción de grado en la población de 7 a 11 años de edad”, como se explica en la presentación de resultados de Encovi. En cambio, el RE (leve y severo) en niños y niñas de 12 a 17 años aumentó de 38,5% a 45,5% entre los años 2020 y 2021.
De acuerdo con una encuesta publicada por Code for Venezuela realizada en 2021, alrededor de 42% de los niños y las niñas fueron promovidos sin haber logrado las competencias del grado. Esto significa que muchos adolescentes pueden dejar los estudios a medida que la formación se hace más exigente. Según Tulio Ramírez, director del Doctorado y Post doctorado en Educación de la UCAB, en promedio casi 80% de los estudiantes se retira de la universidad en los primeros años.
La mayoría de las universidades públicas y privadas del país tuvieron que crear, extender o reforzar sus programas de nivelación, pero es difícil remediar lo que se dejó de aprender en la educación básica.
Ideología versus conocimiento
Las políticas educativas del Estado venezolano han quebrantado la obligación de garantizar el respeto a todas las corrientes de pensamiento, imponiendo la ideologización en la educación oficial. Nancy Hernández, de Fenasopadres, lo reitera cuando dice que “el Estado venezolano ha tenido la intención sistemática y persistente de imponer un solo tipo de pensamiento”. Desde la primera propuesta del Proyecto Educativo Nacional de 1999 (PEN), pasando por el Decreto 1011 en el año 2000 y los diferentes planteamientos del curriculum bolivariano, incluyendo la creación de la República Escolar Bolivariana, el Estado ha avanzado en sus planes de imponer un pensamiento único con el llamado socialismo del siglo XXI, como lo documentan informes sobre el derecho a la educación de Fenasopadres, Asamblea de Educación y Padres Organizados de Venezuela.
A este conjunto de decisiones se unió la aprobación en 2012 de la Resolución 058 (que derogó la Resolución 751 de 1986), medida que que viola el derecho a la asociación y a la participación de estudiantes, docentes, padres y representantes en la escuela. “El largo brazo del Estado de alguna manera logró su objetivo de entronizar su proyecto político a través de la Organización Bolivariana de Estudiantes y de la creación de células del PSUV dentro de liceos y escuelas técnicas, que son violatorias de la Constitución. Así convirtió las instituciones educativas en centros para el proselitismo político”, dice Nancy Hernández en un afán por explicar algo que de suyo es difícil de comprender en un país cuya vocación democrática justamente era remarcable en su sistema educativo.
El control ideológico se observa, según varios especialistas, en las reformas curriculares, como la Edición Bicentenario, una colección de libros de textos escolares donde se gestaron y ejecutaron transformaciones de los programas de estudios sin la debida validación y consulta “para favorecer la base ideológica de la revolución”. En el libro Patria y Ciudadanía, de la Colección Bicentenario, por ejemplo, hay 16 de 175 páginas dedicadas únicamente a la gestión de Hugo Chávez. No se menciona a otros presidentes, pero se muestran imágenes de Nicolás Maduro, de PDVAL y de personas con camisas rojas que aluden al oficialismo.
Alexis Ramírez, de la organización Escubitus DHE, recalca que el uso de los textos escolares para ideologizar es incompatible con los estándares de aceptabilidad y adaptabilidad del derecho a la educación, según la Observación N°13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Estos estándares se refieren a que la forma y el fondo de los contenidos de la educación, tanto en los programas de estudio como en los métodos de enseñanza, deben ser pertinentes, flexibles, adecuados culturalmente y de buena calidad, orientados a desarrollar el sentido de la dignidad de la personalidad humana, capacitar para la participación en una sociedad libre y la comprensión entre todos los grupos étnicos y entre las naciones y los grupos raciales y religiosos, en el marco de los objetivos del derecho.
Los planteles, además, son utilizados para actividades proselitistas y esta es una de las razones por las que no se desarrollan en 100% los proyectos pedagógicos. Los docentes también acusan la suspensión excesiva de actividades para trasladar estudiantes a actividades partidistas del PSUV o a actividades proselitistas en otras instituciones. Estudios de casos relatados en un boletín de la Unidad Democrática del sector Educativo (UDSE), de 2018, muestran planteles del estado Monagas que solo desarrollaron 40% de los proyectos pedagógicos, centros educativos de Amazonas con un alcance sólo de 70%, del Distrito Capital con un 68% de proyectos pedagógicos desarrollados, y del estado Lara con un 69%.
Educadores sin credenciales
El cambio de las reglas del juego en la selección de los docentes ha sido uno de los factores que más ha contribuido al menoscabo de la calidad educativa. Juan Maragall recuerda que, desde 2001, en Venezuela se abandonaron los concursos de méritos. A partir de ese momento “prevalecieron mecanismos políticos o de cuotas, y no se está aplicando lo que estableció el reglamento de la profesión docente de 1991, según el cual había que cumplir con unos requisitos y concursar”. Esto significa, de acuerdo a Maragall, que Venezuela no puede garantizar que sus docentes cumplan unas condiciones básicas de idoneidad para el cargo “y ese es uno de los orígenes de la mala calidad de la educación en Venezuela”.
Desde febrero de 2011 —apunta Nancy Hernández de Fenasopadres— hubo una orden ejecutiva desde el despacho de la ministra de educación de no aceptar, para los concursos de credenciales, a egresados de universidades nacionales o de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Se discriminó a los profesionales egresados, a veces hasta con formación de cuarto nivel, con la intención de incorporar solo a los que provienen de las misiones educativas. “Esa política siguió ejecutándose hasta ahora y, por orden oficial de Nicolás Maduro los que están siendo formados como docentes, entre comillas, son de la misión Chamba Juvenil”.
La degradación del oficio docente ha tenido su cresta en la gestión de la revolución en la institución educativa. Raquel Figueroa explica que, “desde 2004, con la implementación del Proyecto de Educación Bolivariana, se dejó de ejecutar el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en virtud de contar con docentes sumisos y aplicar proselitismo político, obteniendo como resultado un control político-partidista de 99% de los cargos a directores y subdirectores como encargados, y la desaparición total de los supervisores de carrera”. Eso, según Figueroa, se constata en la última Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) de 2014-2015, presentada en 2016, donde el número de supervisores de carrera es cero. Reitera Figueroa que “la educación venezolana no está bajo especialistas ni profesionales y los supervisores de hoy han devenido en simples comisionados de vigilancia del adiestramiento y del control en la libertad de cátedra de los profesionales en el aula de clases”.
Docentes abandonan las aulas
Por esta misma razón, junto a los salarios de hambre de los docentes en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja, el DEV 2021 refleja que 25% de los docentes de primaria y educación media abandonó las aulas entre 2018 y 2021. La educación venezolana tiene un déficit muy alto de docentes en las especialidades de historia, biología, química y matemáticas, como lo señala Raquel Figueroa, de la Federación de Colegios de Profesores de Venezuela.
Según los datos de los gremios y sindicatos educativos, 40% de los docentes ha emigrado del país, a lo que suman las renuncias de los que se quedan en Venezuela porque no tienen ni siquiera cómo pagar el transporte para llegar a las escuelas y regresar a sus casas. La carrera docente ha retrocedido 30 años, como lo advirtió la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) en su informe 2019-2020, Destrucción de la educación como derecho humano. Educación Bolivariana: una gigantesca estafa histórica.
El Observatorio Educativo de Venezuela ha venido tratando este asunto, porque es una de las causas fundamentales de la baja calidad educativa del sistema venezolano, y revela que “muchos educadores han abandonado su oficio para dedicarse a labores más lucrativas, tales como servicios de reparto a domicilio, cocina, masajes, estética, ventas, clases particulares, albañilería, trabajos de limpieza y otras actividades que producen más ingresos que un hiperdevaluado sueldo de docente”.
Basado en el propio tabulador del MPPE, un trabajo realizado por el Diario.com evidencia la pobreza de los educadores en Venezuela: el sueldo de los docentes de educación básica que tienen la fortuna de tener el máximo nivel de estudios está entre 24 y 45 dólares al mes. Y la mayoría, que no tiene estudios de alto nivel, devenga salarios que van de cinco a siete dólares mensuales. Los de educación media que cuentan con estudios de quinto nivel y reciben todas las bonificaciones, tienen un tope salarial de 40 dólares y su salario oscila entre 18 y 34 dólares, pero los que no cuentan con ningún tipo de especialización devengan entre siete y 10 dólares.
La diferencia entre el sueldo que ganan los docentes y el costo de la canasta alimentaria es abismal. Una profesora o un profesor de primaria y bachillerato gana casi un sueldo mínimo, mientras que un docente que alcanza el máximo escalafón, cobra menos del doble del salario mínimo para pagar el costo de una canasta alimentaria estimada en 306 dólares hasta agosto de 2021, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). En consecuencia, hay maestros de educación básica que solamente pueden acceder a 12 platos de comida al mes, lo que se traduciría en cuatro días de alimentación si comieran tres veces al día.
La presidenta de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordis) declaró a el diario.com en septiembre de 2021 que, de acuerdo a una encuesta aplicada a 167 docentes de seis regiones del país, 88,6% aseguró que el salario que devenga no alcanza para su alimentación; 79% no puede pagar el transporte; y 98% no logra cubrir los gastos relacionados con la salud. El Observatorio de Educación de Funda Redes agrega más información sobre esta situación, cuando afirma en su reporte del 2021 que 100% de los educadores encuestados por la ONG calificó de inaceptables e insuficientes sus salarios.
Alexis Ramírez reitera que el oficio de educador se hace insostenible, y que el sistema educativo no es nada sin docentes en cantidad suficiente y bien remunerados. Por eso recuerda que “el salario real de los docentes fue de 10 dólares en 2020 y, con la devaluación, llegó a cuatro dólares en mayo de 2021. Si vemos el estándar internacional del salario de 1,9 dólares al día como línea de pobreza, el porcentaje de docentes que está por encima del umbral de pobreza en Venezuela es cero. Una sola vez, en 2017, los educadores llegaron a devengar 278 dólares en promedio, pasaron a 126 dólares en 2018; ese mismo año el salario se redujo a 10 dólares y en 2020 llegó a cuatro dólares”.
Estragos de la pandemia
Si antes de la Covid-19 era muy difícil garantizar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, durante la pandemia se ha convertido en una misión casi imposible. Con la pandemia por la Covid-19 aumentó la improvisación en la planificación educativa y la programación de clases por la suspensión temporal de actividades en las escuelas, con un Estado que no cuenta con las herramientas tecnológicas, los programas de estudio, ni con una plantilla de docentes capacitados para dar respuesta a una circunstancia tan compleja.
De acuerdo con el informe del DEV 2021, la pandemia causó mayores estragos en los procesos de aprendizaje. Casi la mitad de los alumnos (47,54%) dijo haber aprendido menos y solo 17,1% afirmó haber aprendido más. Cuando se compara la procedencia de las respuestas es revelador el hecho de que, en las escuelas privadas subsidiadas, 35,91% de los estudiantes dice haber aprendido menos, frente a 45,33% de los alumnos de las escuelas públicas urbanas y 47,29% de las públicas rurales.
El ya citado informe de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) 2019-2020, recalca el fracaso de la educación a distancia planteado en el Plan Cada Familia Una Escuela, en el que los docentes tuvieron que convertirse en figuras mediáticas y que, según expertos, en “vez de educar promueven confusión y falsean los contenidos académicos, incurriendo en graves errores sobre conocimientos históricos, geográficos, matemáticos y científicos” .
La falta de supervisión oportuna y adecuada agravó la efectividad de la educación en Venezuela, en términos de calidad. De los docentes que participaron en una consulta llevada a cabo por el Observatorio de Educación de Funda Redes para el período escolar 2020-2021, 49,2% aseguró haber recibido supervisión de los directivos en el desarrollo de las actividades, mientras que 48,8% consideró que a veces o nunca la tuvo. En ausencia de docentes o de actividades, las familias en hogares empobrecidos y sin la infraestructura adecuada debieron apoyar a los niños, niñas y adolescentes, sin programas de estudio diseñados por objetivos y por competencias.
Ante este panorama, pocas son las oportunidades que tienen los niños, niñas y adolescentes de aspirar a una educación competitiva, que les permita superar la pobreza, alcanzar la equidad y abrirse paso en su país y en cualquier lugar del mundo. La función de la educación de apalancar el desarrollo humano, individual y colectivo, quedó reducido a casi nada.
