En este trabajo especial, HumVenezuela analiza y evalúa el declive de las capacidades del país para garantizar derechos de acceso de la población a condiciones de vida dignas y libre de riesgos que amenacen sus vidas, integridad, seguridad, subsistencia y libertad de acción para procurar soluciones a los problemas individuales o colectivos que enfrentan.
Caracas, julio de 2023
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LA EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN VENEZUELA no ha mejorado en tanto los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes. La caída de estas capacidades ha seguido profundizándose, generando brechas de privación social de gran tamaño y sobrepuestas que las hace insuperables para la mayoría de la población.
Comprender el colapso pasa por hacer una retrospectiva en el tiempo para encontrar los factores que intervinieron en un declive lento, sistemático y cíclico de inestabilidad política y desestructuración cada vez más agudo y grave de las capacidades institucionales, económicas y sociales del país, ocasionando en 9 años el colapso de casi un 70% de estas capacidades y una Emergencia Humanitaria Compleja de gran escala durante 7 de esos 9 años, con impactos devastadores en la población.
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El colapso desvaneció los sistemas de seguridad, bienestar y desarrollo de varias generaciones de venezolanos/as. La profundización del colapso fue haciendo crecer brechas de privación social de gran tamaño y duración, asociadas a la ausencia de Estado, que en el presente forman un círculo de privaciones sobrepuestas, insuperable para las personas, en el que predominan situaciones de inseguridad humana por dinámicas de control por recursos escasos, un estado generalizado de desamparo ante la denegación, restricción e inequidad en el goce y ejercicio de derechos, amplias desigualdades y el asedio de múltiples amenazas.
Este trabajo se realizó entre noviembre de 2022 y junio de 2023 con los propósitos de caracterizar los factores intervinientes en el proceso de declive de las capacidades del país; presentar las proporciones del colapso en distintos ámbitos de necesidades vitales de la población y mostrar sus consecuencias en la emergencia humanitaria y las brechas de privación social, vistas desde una perspectiva comunitaria, mediante evaluaciones cualitativas y testimoniales que realizaron organizaciones de HumVenezuela en 87 comunidades de 20 estados del país.
Fue de gran importancia valorar el grado en que las brechas de privación han llegado a debilitar o agotar las estrategias y recursos de sobrevivencia de las personas y sus familias, exponiéndolas a vulnerabilidades y peligros para sus vidas, integridad, seguridad, subsistencia y libertad de acción. También fue importante indagar sobre los alcances a la respuesta humanitaria en las zonas donde residen las comunidades y ponderar los esfuerzos requeridos para reducir estas brechas, considerando los factores del colapso a nivel de las estructuras institucionales y operativas en los contextos comunitarios.
Las privaciones representan en sí mismas derechos no garantizados de forma plena y sostenible. En los factores asociados a las privaciones, las evaluaciones mostraron un gran peso de la desestructuración de las capacidades institucionales para cumplir obligaciones de protección y seguridad por parte del Estado, generando un grave cuadro de inseguridad humana en el que la población está expuesta a los abusos, la exclusión y la violencia por la inacción o la acción de las estructuras con las que opera el Estado a nivel comunitario.
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Testimonios de las comunidades
En todas las comunidades donde se realizaron evaluaciones se identificaron privaciones múltiples en el acceso a medios de vida y alimentos, servicios de salud, agua potable, educación básica, protección y seguridad, y servicios básicos como electricidad, gas doméstico, transporte público, aseo urbano y comunicaciones. Las privaciones están interrelacionadas y superpuestas, incrementando las vulnerabilidades y los riesgos de sufrir daños irreparables.
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AMAZONAS | Comunidad indígena de Puerto Ayacucho con 120 habitantes La artesanía, a cargo de las mujeres, se ha vuelto una estrategia de sobrevivencia, pero es muy mal pagada. Trabajan muchas horas para conseguir apenas 3 dólares mensuales. También migran a Colombia o a las minas que les permite adquirir algunos bienes para sus familias.
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ANZOÁTEGUI | Comunidades urbanas de Puerto La Cruz y Guanta con 11.000 habitantes Los jóvenes son los más afectados por el desempleo y están expuestos a propuestas engañosas en las que pueden operar redes de trata. Hay adultos y NNA en situación de calle, que buscan comida en la basura o se encuentran en situación de mendicidad.
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APURE | Comunidad rural/fronteriza de Guasdualito. 430 habitantes La mayoría de las personas se encuentra en extrema vulnerabilidad. Generalmente no tienen ningún tipo de ingreso económico formal o permanente. Viven de lo que pueden ganar al día. Realizan limpieza de patios y potreros en las fincas cercanas, lavan y planchan ropa ajena, venden algunas frutas o verduras que producen en sus patios o en otras comunidades o poblados, hacen pesca artesanal en pozos o en el rio, o tienen destiladeras artesanales.
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ARAGUA | Comunidades urbanas de Turmero. 2.700 habitantes Solo reciben agua un día a la semana, que no es suficiente para las necesidades de las familias. Compran botellones que recargan en pilas públicas, en casas de familiares o vecinos. Las mujeres, las personas mayores y los NNA acarrean agua desde comunidades vecinas o recorren distancias de 1km para llegar a un pozo profundo sin garantía de calidad. El agua no puede ser consumida por su mal olor y color.
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BOLÍVAR | Comunidad urbana/rural de Ciudad Bolívar con 5.500 habitantes Se limitan a sembrar solo en temporada de lluvias, porque la falta de agua les hace perder lo que cosechan. Muchas familias han tenido que abandonar las labores del campo y no existen otras opciones de medios de vida. Han perdido facultades para sostenerse a sí mismos como productores. Son frecuentes los robos de cultivos. Han tenido que movilizarse en grupos para entrar y salir de la comunidad, como medida de seguridad.
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CARABOBO | Comunidades urbanas de Puerto Cabello, Valencia y Paraparal con 40.000 habitantes Como los salarios y las pensiones no alcanzan para cubrir las necesidades de alimentación, muchas familias piden comida o dinero en calidad de préstamo. El CLAP aparece cada 4 meses o se retrasa más tiempo. Es frecuente que las familias reduzcan las porciones de comida o las veces que comen al día.
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DISTRITO CAPITAL | Comunidades urbanas e indígenas/urbanas Caracas. 23.000 habitantes En las escuelas no se recibe alimentación escolar. Sus capacidades han desmejorado mucho por el retiro de docentes y la continua interrupción de clases. La educación no es de calidad por falta de instrumentos adecuados de aprendizaje y una alta rotación de personal.
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FALCÓN | Comunidad urbana de Punto Fijo con más de 1.300 habitantes – Municipio Carirubana Se hacen conexiones improvisadas para recibir electricidad sin medidas de seguridad. La escuela no cuenta con servicio eléctrico. Los salones no tienen iluminación y no se pueden refrigerar los pocos alimentos que llegan. La estructura física de la escuela está muy deteriorada y existen riesgos de accidentes.
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GUÁRICO | Comunidades rurales y urbanas de Calabozo. Más de 20.000 habitantes Las escuelas se encuentran en condiciones de gran deterioro por la obsolescencia de las estructuras físicas. Hay hacinamiento, los baños están colapsados y los espacios están llenos de maleza. La infraestructura sanitaria es muy pobre y las medicinas son inaccesibles. La basura y las aguas residuales se acumulan, propiciando enfermedades parasitarias.
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LA GUAIRA | Comunidades urbanas y rurales de Catia La Mar. 1.500 habitantes El agua se recibe cada 40 días, lo cual impide el saneamiento y la higiene. Por falta de agua, las personas han disminuido su consumo o la beben en condiciones inadecuadas. Las familias racionan el consumo, lavan ropa indispensable y reutilizan el agua.
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LARA | Comunidades urbanas y rurales de Barquisimeto. 55.000 habitantes Las familias deben usar sus precarios ingresos para comprar agua, recorren largas distancias para abastecerse de manantiales de agua dulce o recogen las aguas de lluvia. Comprar cisternas entre varias familias es una opción eventual. Las familias intentan recibir remesas de familiares en el exterior, consumen menos alimentos, eliminan la proteína de la dieta o reducen las raciones o comidas.
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MÉRIDA | Comunidad urbana/rural de Mérida. 1.600 habitantes Las personas deben caminar o subir escaleras, en las que ocurren frecuentes accidentes por su mal estado. Las distancias y las limitaciones de acceso aumentan las dificultades para entrar y salir de la comunidad, incluyendo la imposibilidad de realizar actividades económicas y educativas.
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MIRANDA | Comunidades urbanas y rurales de Caracas, Santa Teresa del Tuy y Guarenas, con más de 90.000 habitantes Desde hace 20 años, la mayoría no cuenta con servicio de agua por tuberías. Las personas deben caminar largas distancias en terrenos inclinados para abastecerse de tomas públicas o de manantiales. Este trabajo recae principalmente en las mujeres. Los NNA y las personas mayores también participan en el acarreo de agua
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MONAGAS | Comunidad urbana de Maturín, con 2.600 habitantes Es mayor la violencia doméstica, la presencia de pandillas, el consumo de drogas y de alcohol, el control de sectores y el cobro de vacunas, la violencia familiar, la sexualidad temprana en NNA, el embarazo precoz, la deserción escolar, el trabajo infantil y los NNA en situación de calle.
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NUEVA ESPARTA | Comunidad rural/urbana de la Isla de Margarita. Más de 260 habitantes Las viviendas no están conectadas al sistema de acueductos. Cuentan con una bomba que surte de agua, pero se daña constantemente por falta de mantenimiento. Reciben agua cada 21 o 60 días y deben acudir a tomas de agua en sitios poco accesibles. El agua tampoco es apta para consumo humano.
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SUCRE | Comunidades urbanas y pesqueras de Cumaná y la Península de Araya. Más de 30.000 habitantes Las desigualdades sociales y económicas son cada vez mayores entre las familias con algún ingreso estable y quienes tienen que trabajar para completar el día. Existen severas dificultades de acceso a la gasolina y el aceite. Los pescadores prefieren vender el combustible que les asignan. No son suficientes los ingresos familiares para mejorar los botes o comprar repuestos. Unos pocos salen a pescar.
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TÁCHIRA | Comunidad urbana de San Cristóbal, con 3.000 habitantes Las casas tienen grandes grietas y en temporada de lluvias corren riesgos de hundimiento de terrenos y deslizamientos de tierra. Las cloacas corren por debajo de las casas. Algunas viviendas se han caído y entre los vecinos las vuelven a levantar con materiales reciclados. No existen alternativas de refugio seguro. Al menos 20 familias se encuentran en alto riesgo de perder sus viviendas.
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TRUJILLO | Comunidades urbanas Altos de San Luis, Barrio El Milagro, Urbanizaciones La Beatriz, Moròn y Santa Cruz No hay alumbrado público, lo cual aumenta la inseguridad. Las familias usan linternas, colocan bombillos en la parte exterior de las casas para iluminar las veredas y calles o hacen labores de vigilancia. Corren riesgos de ser asaltados, picados por animales ponzoñosos o sufrir accidentes si caminan de noche. La delincuencia ha aumentado.
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YARACUY | Comunidades rurales de Aroa. 220 habitantes Una gran parte de la comunidad no tiene alumbrado público. Las familias se conectan de forma clandestina. Usan los teléfonos para iluminar las vías cuando caminan de noche. Las fallas eléctricas son constantes en los sectores que poseen conexión. Las variaciones de voltaje dañan los aparatos eléctricos.
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ZULIA | Comunidades indígenas y urbanas de Maracaibo y San Francisco. Más de 7.000 habitantes Una actividad frecuente es recolectar chatarras en los vertederos de basura para su intercambio o trueque por bienes o alimentos. Las personas están expuestas a jornadas laborales de más de 10 horas en un turno único. Y si limpian una casa, les quieren pagar un kilo de arroz por el día de trabajo.
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